El Gobierno ofrece más de 22.900 plazas de funcionario para este año

Pese a que se ofrecen más plazas de acceso libre que el año pasado, ya que utilizan una tasa de reposición del 110% con carácter general y del 120% para los sectores prioritarios, los sindicatos, sin embargo, se resisten a firmar por el momento un acuerdo y advierten de que se trata de un volumen «insuficiente» para cubrir la destrucción de empleo que ha habido en la Administración en la última década –más de 60.000, según estimaciones de CCOO– y para hacer frente a la oleada de jubilaciones a las que se ve abocada una plantilla más que envejecida: en menos de diez años accederán al retiro casi el 60% de los funcionarios y en la actualidad ya hay más de un 20% que tiene más de 60 años, según datos del propio ministerio. Es más, desde CSIF recalcaron a este periódico que este volumen de plazas apenas creará empleo neto en la Administración del Estado e incluso habrá sectores en los que se destruya, como en el colectivo de auxiliares administrativos y personal laboral.

En cualquier caso, la negociación no está cerrada y Hacienda mantendrá este martes una nueva reunión con los agentes sociales para hablar del proceso de estabilización de los interinos y otra de carácter general el próximo jueves.

Desde CC OO reconocieron que las cifras se van a cercando a lo que ellos reclaman: un mínimo de 14.800 puestos para el libre ingreso y 10.500 plazas para promoción interna. Sin embargo, advirtieron al Gobierno de que aunque los números les preocupan, les preocupan mucho más los elementos de eficacia de esa oferta, que puede tardar hasta dos años en materializarse. Cabe destacar que en la OEP de 2019 solo han finalizado los procesos de 7.796 plazas de las 16.364 ofertadas (alrededor del 40%); de la del año 2020 han concluido 2.038 de las 15.603 ofertadas (cerca de un 11%), mientras que de la del año 2021 todavía no se puede contabilizar ningún proceso finalizado.

Por ello, CCOO reclamó que la oferta se concrete de manera inmediata, ya que el actual ritmo de pérdida de plantilla «pone en grave riesgo la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía».

En esta misma línea se manifestaron UGT y CSIF, que además de calificar la oferta de «insuficiente» exigieron al Gobierno un planteamiento plurianual. En este sentido, Carlos Álvarez, de UGT, reclamó además una planificación extraordinaria para la Seguridad Social para incorporar efectivos con carácter inmediato, ya que de lo contrario con la lentitud que llevan a la hora de ejecutar los procesos, el déficit sería insalvable. Es más, denunció que hay provincias en las que ya ni dan citas telefónicas ante la saturación de sus efectivos.

CSIF, por su parte, reclamó potenciar la promoción interna, eliminando la obligatoriedad de superar un nuevo proceso selectivo para poder promocionar.

El año pasado se aprobaron un total de 23.491 plazas (13.982 de nuevo ingreso y 9.509 de promoción interna), que sumadas a los decretos previos para las Fuerzas Armadas (1.920 plazas) y para las Fuerzas de Seguridad del Estado (5.034 puestos), se contabilizó una oferta de empleo público histórica de 30.445 plazas, un 8,5% más que las 28.055 plazas del año 2020.

Cabe destacar, por otra parte, que el perfil del opositor está cambiando. Así, pese a que la mayoría son jóvenes, los opositores mayores de 50 años se han duplicado en los últimos dos años, probablemente a consecuencia de la pandemia, que sacó del mercado laboral a este colectivo que tiene más difícil volver a reactivarse. Por ello, son cada vez más los que eligen optar a un puesto público pese a la edad. Concretamente, si en 2019 los mayores de 50 representaban un 5% del total de opositores, han alcanzado a ser el 11,8% a finales de 2021, según los datos publicados este lunes por OpositaTest en su encuesta anual a más de 5.000 opositores en activo.

Y la iNmensa mayoría son mujeres, el 81% del total, porcentaje que coincide con la media nacional. El 75% viven en zonas urbanas y uno de cada cuatro opositores mayores de 50 años reside en Madrid, seguido de Andalucía (20%), Comunidad Valenciana (15%) y Galicia (9%). El 97% tiene más de cinco años de experiencia laboral y el 72% tiene hijos.

Más de la mitad tienen formación universitaria mientras que el 41% han obtenido el bachillerato o FP.