El Gobierno lanzará una macrooferta de empleo público en plena campaña electoral

Su intención es aprobarlo el próximo martes en el Consejo de Ministros, cuando apenas quedan poco más de diez días para unos comicios que pueden desalojarlo de La Moncloa, y probablemente superarán las más de 47.000 plazas convocadas el año pasado, al menos las que corresponden a nuevos funcionarios. Una vez más, lo hará haciendo uso del real decreto ley.

No parece que se trate de un hecho fortuito, puesto que lo habitual es que esta oferta de empleo público vea la luz en primavera y, además, se hace ya fuera del plazo legal establecido, puesto que la ley de Presupuestos de 2023 contempla su aprobación antes del 30 de junio, tal y como denunció recientemente UGT. Sánchez repite así la misma estrategia que utilizó para las elecciones generales en la primavera de 2019, cuando también aprobó unas pocas semanas antes otra oferta de empleo público récord.

Es más, el Ministerio de Hacienda tenía previsto llevar al Consejo de Ministros de hace un mes esta oferta de empleo público, pero ese mismo martes por la mañana se decidió dejarlo fuera, cuando ya estaban convocadas las elecciones generales, según ha podido saber este periódico.

La cifra total de plazas que se aprobarán se desconoce por el momento. El Ministerio de Hacienda y Función Pública inició este viernes la negociación con los principales sindicatos, pero mantuvo un total secretismo sobre el número de puestos que pretende convocar. Habrá que esperar a que lo pongan encima de la mesa en la reunión que mantendrán el próximo lunes.

Los sindicatos, sin embargo, se muestran confiados en que las nuevas plazas de funcionario para 2023 sobrepasarán a las 2022 y marcarán un máximo histórico. «Este año superará el récord del año pasado, porque aunque los porcentajes de la tasa de reposición son los mismos, cada año hay más bajas vegetativas y, en buena lógica, las plazas tienen que ir subiendo», explica Carlos Álvarez, secretario de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien además advierte que hace falta hacer frente al déficit que se generó entre 2010 y 2018, cuando se destruyeron más de 54.000 puestos en la Administración.

Según establecen los Presupuestos, en esta oferta de empleo público deberán cubrirse el 110% de las bajas de trabajadores que haya habido con carácter general y se alcanzará el 120% en los sectores considerados prioritarios, un total de 20, como sanidad, educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias... Incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se podrán cubrir un 25% adicional a las bajas. Así, al igual que ocurrió los dos últimos años, servirá para crear empleo neto en la Administración.

El año pasado el Gobierno aprobó un total de 44.787 plazas, de las cuales 34.151 correspondían a la oferta ordinaria (22.009 de nuevo ingreso y 12.142 de promoción interna) y 10.636, al proceso de estabilización del personal interino. En 2023 con seguridad se convocarán más puestos para nuevos funcionarios, para hacer frente a la oleada de jubilaciones que hay, ya que además se pueden convocar las plazas que quedaron desiertas en los años precedentes. Lo que no está tan claro es que las plazas para promoción interna y estabilización sean superiores, puesto que se trató de un proceso extraordinario.