Glovo cede y contratará a sus 15.000 'riders' para frenar la avalancha de multas

La compañía de reparto de comida a domicilio anunció este lunes esta decisión, justo un día antes de que su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, acuda a declarar como imputado en un proceso penal ante un juzgado de Barcelona, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por mantenerles como falsos autónomos. El CEO de Glovo, que cuenta ya con multas y sanciones millonarias, podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión por empeñarse en no dar de alta a sus trabajadores pese a la ley Rider y al fallo del Tribunal Supremo, que prohibió este modelo ya en 2020 pero la compañía ha mantenido hasta ahora por ser más rentable económicamente, ya que se ahorra, entre otras cosas, las cuotas a la Seguridad Social de estos trabajadores y las vacaciones.

De hecho, el Ministerio de Trabajo estima que desde la entrada en vigor de la ley 'rider', en agosto de 2021, Glovo adeuda a la Seguridad Social unos 267 millones de euros por las cuotas que no ha pagado de los 60.000 autónomos que han trabajado para la empresa, a lo que habrá que sumar las sanciones que finalmente se impongan por estas infracciones que los juzgados ya están fallando.

Pese a este «nuevo modelo laboral» que vende ahora Glovo como «parte de su compromiso con España» –según explicó en un comunicado–, sus líos judiciales se agravan. Su competidora, Just Eat, anunció este lunes que el pasado viernes presentó una demanda contra la plataforma de reparto en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acusándola de competencia desleal por violar normas y contratar falsos autónomos.

Le reclaman un total de 295 millones de euros, en concepto de daños y prejuicios, por situarles a ellos en una situación de desventaja competitiva, ya que ellos sí contratan, tal y como exige la ley, a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena, «incurriendo en elevados costes adicionales», según explicó esta empresa en un comunicado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, rápidamente reaccionó a esta decisión de Glovo y celebró como una victoria de la democracia que «por fin esta empresa vaya a regularizar a más de 60.000 trabajadores y cumplir con sus obligaciones», lo que –precisó– supondrá el movimiento afiliativo más importante de la historia de España, que permitirá recaudar 267 millones de euros, además del coste de las sanciones. «Por fin lo hemos conseguido, ninguna gran empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país», señaló desde Bruselas. «Lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país. Este modelo sí es posible en nuestro país, es posible en Europa y en el mundo», sentenció la ministra, visiblemente satisfecha.

Por su parte, Glovo aseguró que el servicio a sus clientes no se verá afectado por el nuevo modelo que implantará en las más de 900 ciudades donde opera, ya que mantendrá métricas tan relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de repartidores en cualquier momento del día. En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los sindicatos y la patronal para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

Fundada en Barcelona en 2015, Glovo, que se ha convertido en la empresa tecnológica más grande del sur de Europa, asegura que va a seguir apostando por España, su país de origen y su principal mercado.