Los funcionarios del Estado cobran 8.000 euros menos de media al año que el resto

«A igual trabajo, igual salario». Este principio que debe operar siempre en todas las empresas no se cumple en el Estado, según denunció este lunes el presidente de CSIF, Miguel Borra, que exigió al Gobierno la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. «A los funcionarios del SEPE, de la Seguridad Social o de los ministerios se les descuenta cada día 20 euros respecto a sus compañeros de las comunidades autónomas y ayuntamientos. No hay derecho y exigimos al Gobierno que acabe con este maltrato a sus empleados», denunció Borra.

El sindicato resaltó que existen «notables diferencias» entre los empleados públicos y los trabajadores de la Administración General del Estado son los peor pagados si se comparan las tres Administraciones públicas, una brecha que se sitúa de media en los 8.000 euros brutos al año pero que puede elevarse hasta por encima de los 27.000 euros anuales en algunos casos. Esta fuerte diferencia se debe al complemento específico e incluso puede agravarse más puesto que para este estudio no se tienen en cuenta los trienios (un plus propio de cada empleado) ni el complemento de productividad (que es discrecional y difícil de cuantificar).

Esta brecha de 8.000 euros es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos). La horquilla de diferencias salariales en función de grupos y categorías varía entre los 11.826 y 4.349 euros en el caso del personal funcionario y los 10.087 y los 3.523 euros en el caso del personal laboral.

El estudio de CSIF calcula que el importe para lograr la equiparación salarial en la Administración General del Estado sería de 1.487 millones repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

El sindicato cargó contra el Gobierno por «seguir instalado en la parálisis» y mantener el bloqueo a la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los cerca de tres millones de empleados públicos y no haber ni tan siquiera convocado la mesa general de las Administraciones Públicas a dos meses de que venza el actual acuerdo. Por ello, convocaron concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas los días 11 de noviembre y 16 de diciembre.

«El plazo de cortesía ya ha terminado y es el momento de pasar a la acción. No descartamos medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona», advirtió el presidente de CSIF, que exigió negociar cuanto antes un nuevo acuerdo salarial para los próximos tres años que en ningún caso recorte poder de compra a los funcionarios, así como una nueva oferta de empleo público para 2025 sin tasa de reposición, una mejora en las condiciones laborales y garantías de continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo.