La escasa mano de obra extranjera complica la mejoría del mercado laboral de Castilla y León

Es creciente la alerta lanzada por las empresas acerca de la falta de perfiles especializados en labores técnicas y de formación profesional. Hace varias semanas, Adecco hablaba de la escasez de torneros, plegadores, caldereros, fresadores, carroceros, mecánicos, automatistas, camareros y cocineros, así como oficiales para la industria cárnica.

Con este panorama, los registros de la Seguridad Social son claros: el mercado laboral de Castilla y León tiene un significativo déficit de trabajadores inmigrantes que se hace más evidente cuando se compara con el resto de España. De los 909.278 afiliados con que contaba la comunidad en el mes de mayo, eran extranjeros 53.000, es decir el 5,8%. En el conjunto del país, la tasa es casi el doble, en concreto del 10,6%. Y provincias como Salamanca y Zamora, donde el porcentaje apenas llega al 3,9%, se sitúan entre las que menos participación foránea tienen de toda España.

Según se expone en el estudio 'El futuro del empleo' elaborado por Manpower Group, entre 2016 y 2026 debido a la reducción de la población activa por un lado y al envejecimiento, por otro, España va a sufrir una caída de los activos disponibles de 1,2 millones. A la vez, dado que en todo el país tres de cada cuatro puestos de trabajo están en el sector servicios, «serán necesarios 1,5 millones de inmigrantes en la próxima década» para cubrir las necesidades.

En sentido similar y complementario, el Fondo Monetario Internacional afirmaba recientemente que España necesita «millones de inmigrantes para poder garantizar las pensiones» y en un análisis titulado 'Retos más allá de la sostenibilidad financiera', realizaba diferentes proyecciones sobre jubilados, trabajadores y cuantía de las pensiones. La conclusión del FMIes que para que España pueda pagar en los próximos años las prestaciones haría falta la incorporación de 5,5 millones de inmigrantes, la misma cifra que a la llegó entre 2000 y 2007.

Lejos de ser ajena a este problema, la comunidad autónoma, con el añadido de la complicación que supone la pérdida de población, lo sufre en primera línea. Hace unos días, el nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, el burgalés Octavio Granado, declaraba al 'Diario de Burgos' que la situación del organismo es «desastrosa» y que «Castilla y León no revertirá su declive demográfico si no atrae a 200.000 inmigrantes».

El caso es que mientras los 909.000 afiliados castellanos y leoneses suponen el 4,8% del total nacional, los 53.000 extranjeros inscritos representan el 2,6% de las afiliaciones del país, que son dos millones. Con el 21,8% del acumulado regional, la provincia de Burgos es la que más tiene, seguida de Valladolid, con el 20,3%. Con respecto a mayo del año anterior, la afiliación media de foráneos aumenta tanto en la comunidad (7,05%) como en España (7,65%).

La mayoría de los ocupados migrantes de la comunidad proceden de Rumanía (23,2% y un total de 11.200), Bulgaria (17%, hasta 8.353), y Marruecos (11,9%, con 5.882 personas). Con tasas significativas aparecen Portugal (7,2%), Colombia (3,8%) y China (3,1%). En el conjunto de España, mientras, los grupos más numerosos llegaron de Rumanía y Marruecos, con los venidos de Italia, China y Ecuador en un segundo nivel. Hay en Castilla y León 25.719 trabajadores extranjeros de países de la UE y otros 20.412 de países no europeos.

La principal ocupación de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social es la hostelería, con 7.206 asalariados (el 15,6% de los inscritos en el Régimen General) y 1.314 autónomos (el 19%de los apuntados al RETA). Hay 5.429 en el Sistema de Empleadas de Hogar (el 11,7%) y cerca de estas están los 5.388 de la industria manufacturera, donde hay también 305 autónomos. Los afiliados al Sistema Especial Agrario suman 4.732 (el 10%) y con menos de cuatro mil inscritos figuran el comercio y reparación de vehículos;la construcción; el transporte y almacenamiento, las actividades administrativas y servicios auxiliares, y los tres mil que figuran en agricultura y ganadería en el Régimen General.

Si abrimos el objetivo más allá del mercado laboral y tomamos en consideración el total de la población extranjera empadronada en la comunidad autónoma, el resultado es que, con cifras del cierre de 2017, sumaban 121.536 personas, 7.097 menos que un año antes.

«Estas cifras desvirtúan cualquier alarma social sobre la supuesta 'invasión' por parte de la población extranjera que muy a menudo escuchamos en determinados círculos», señalan desde el Observatorio de las Migraciones de Comisiones Obreras, que advierten de que se deben tener en cuenta algunos factores a la hora de valorar esta pérdida de población. Uno es la adquisición de la nacionalidad española por parte de la población extranjera, ya que una vez nacionalizada deja de aparecer en las estadísticas de inmigrantes.

La tendencia de los últimos años nos revela que el número de mujeres ha superado al de hombres. «Una de las razones es que el género femenino ocupa ámbitos laborales como el servicio doméstico y el cuidado de mayores y menores que ha soportado mejor la crisis económica de esta última década. Otro motivo de esta 'feminización' de la inmigración es entenderla como el incremento de mujeres que abandonan sus países en busca de oportunidades, calidad de vida y seguridad».

Mientras en Castilla y León la edad media de la población autóctona es de 47,8 años, la extranjera es de 33,8 años, 14 años de diferencia. A juicio del sindicato, estos datos desmontan muchos prejuicios sobre la población extranjera: «contribuyen a rejuvenecer nuestra vetusta sociedad y a su vez frenan la despoblación acuciante que sufrimos año tras año; de hecho, alrededor del 80% de la población extranjera en todas las provincias tiene entre 16 y 64 años, es una población en edad de trabajar. El porcentaje de población extranjera mayor de 65 años es mínimo en todas las provincias, del 3% o 4%».

Además, siete de las nueve provincias suman porcentajes superiores al 50% de la población extranjera viviendo en el medio rural, salvo Salamanca y Valladolid donde es algo inferior. «Las personas extranjeras, dentro del medio rural, suelen instalarse en grandes núcleos pues que es donde hay más trabajo», detallan desde CCOO. Esto es más evidente en provincias como León, Zamora o Segovia, con grandes municipios.

En más del 40% de los contratos se indica 'sin estudios', aunque en muchos casos sí tienen titulación realizada en el país de origen. «Las dificultades para homologarla en España hace que desistan de realizar estos trámites y a menudo están sobrecualificados para el trabajo que realizan», advierten desde Comisiones.