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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere protagonizar otro 'deja vu'. La primera gran medida que aprobó cuando aterrizó en La Moncloa a principios de 2020 fue firmar un acuerdo para subir 50 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) con el plus de que estaba avalado ... por los propios empresarios. Así se hizo y el SMI aumentó hasta los 950 euros. En aquel entonces se comprometió a que este «primer gran acuerdo social de la legislatura» marcaría «el inicio de una senda de diálogo con mayúsculas, codo con codo con todos los agentes sociales».
Y este miércoles comenzó otra nueva negociación con los sindicatos y la patronal pero en un escenario muy diferente al de aquellos primeros años, con unos empresarios en pie de guerra que rechazan otra subida si no se actualizan los contratos públicos y que descartan de plano posar en una foto junto a ella para escenificar un acuerdo. La escena de 2020 no se repetirá.
Pero Díaz aseguró este miércoles que lo intentará y se mostró confiada en que lo puede conseguir. «Creo que hay margen para el acuerdo. Lo creo sinceramente, siempre lo creo y vamos a trabajar por el acuerdo, sin lugar a dudas», aseguró. Es más, volvió a hacer uso de una frase que repite a modo de mantra: «Un acuerdo de diálogo social siempre es mejor aunque las partes pierdan».
Sin embargo, ese margen de negociación que hay es muy pequeño, prácticamente inexistente. De hecho, su decisión ya está tomada de antemano y este miércoles se lo propuso a los agentes sociales de forma oficial: el salario mínimo subirá 50 euros al mes para elevarlo hasta los 1.184 euros en catorce pagas, 235 euros más en apenas seis años.
La vicepresidenta se ha decantado así por la franja alta recomendada por el comité de expertos para mantener el salario mínimo en el 60% del salario medio neto y cumplir así con la Carta Social Europea. Este grupo de catedráticos propuso una horquilla de subida de entre 39 y 50 euros al mes; es decir, un incremento del 3,4% o del 4,4%. Este sería el margen que tiene el Gobierno de actuación, pero Díaz se enrocará en que el aumento debe ser 50 euros y, aunque tienda la mano a la patronal, no aceptará un alza menor, según reconocieron fuentes del ministerio a este periódico. «El salario mínimo no es una cifra, es una política pública por excelencia para reducir la desigualdad. Mejora la vida de la gente y cambia vidas», defendió durante la rueda de prensa en la que presentó el informe de los expertos.
«Este incremento significa menos agobios, más oportunidades y algo importante: mayor dignidad. Subir el salario mínimo implica sacar a algunas personas de la pobreza. Estamos aquí para reducir la desigualdad. Ese es el reto de país. Y no vamos a parar», prometió la vicepresidenta segunda, que, en plena batalla con el ministro Carlos Cuerpo por la reducción de la jornada, quiso apropiarse de la «historia de éxito» de haber impulsado más de un 50% el SMI. «Hace cinco años asumimos la responsabilidad de que ningún salario de este país fuera de miseria. No solo no hemos destruido España, sino que la hemos salvado desde lo público. Hoy la economía española va mejor», presumió.
El Ministerio de Economía, en este caso, no se opondrá a este nuevo incremento de 50 euros, tal y como reconoció Cuerpo a este periódico, mientras los sindicatos la ven insuficiente y pidieron este miércoles aproximarlo hasta los 1.200 euros, porque un alza del 4,4% a su juicio no garantizaría el 60% del salario medio. Extraoficialmente, sin embargo, admiten que estarían dispuestos a avalar una subida inferior de 50 euros siempre y cuando Hacienda actualice el IRPF para que quede exento del pago de este impuesto. Por ello, exigen que este tema que depende de otro ministerio se clarifique para poder firmar un acuerdo.
La próxima reunión será el próximo miércoles, 22 de enero, y el Gobierno confía en cerrar ya la cuantía y con acuerdo.
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