El Serla media con éxito en casi la mitad de los conflictos laborales de la región

Con el objetivo de evitar acudir a juicio por todas sus discrepancias laborales, la patronal de Castilla y León, Cecale, y los sindicatos UGT y CCOO acordaron en septiembre de 1996 crear un sistema de solución autónoma de los conflictos que se producen en el seno de la empresas mediante la conciliación o mediación y el arbitraje, favoreciendo de paso el diálogo y la negociación entre los propios afectados. Tuvieron que transcurrir cuatro años para que, en septiembre de 2000, echase a andar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), una vez que se materializó la implicación de la Junta en el acuerdo. Ahora, con 15 años de funcionamiento a sus espaldas, el Serla que en la actualidad dirige Agustín Gajate presenta una hoja de servicios en la que lucen los 3.826 procedimientos en cuya mediación ha participado, de los cuales el 43,54% terminaron con acuerdo de las partes.

El Serla fue renovado en abril de 2005 merced al segundo acuerdo de los agentes sociales, pero desde que en 2009 concluyó su vigencia, sobrevivía a base prórrogas. Desde hace más de un año, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llevaba demandando a los agentes sociales de Castilla y León cintura y capacidad de negociación para llegar a acuerdos bilaterales. En tres meses han firmado dos. En julio acordaron promover la recuperación de los salarios en la comunidad, mientras que el rubricado ayer en la sede del CES contempla dar al Serla competencias para mediar, además de en conflictos colectivos como hasta ahora, en asuntos individuales.

Los firmantes se comprometen, además, a ampliar el sistema de solución extrajudicial de conflictos laborales a las controversias surgidas en el ámbito de los empleados públicos. También, aunque en un principio quedarán fuera las reclamaciones de cantidades pecuniarias por parte de los trabajadores, los representantes de la patronal y los sindicatos de Castilla y León están de acuerdo en que en una segunda fase también estén contempladas.

De acuerdo con los cálculos realizados por los agentes sociales, el nuevo Serla pasará de atender 240 conflictos anuales de media, ahora colectivos, a más de 12.000 al incluir los individuales que no suponen reclamación económica.

Sin «zancadillas»

Para hacer realidad el nuevo organismo, según explicaron el presidente de la patronal, Santiago Aparicio, el secretario regional de UGT, Agustín Prieto y el secretario de Acción Sindical de CC OO, Vicente Andrés, es necesario que la Junta de Castilla y León financie las diez sedes con las que deberá contar (las nueve capitales más Ponferrada) y un aumento de plantilla de los actuales cinco mediadores a 16 en una primera fase y a 27 más adelante.

Ello requiere una dotación presupuestaria que ascendería a unos tres millones de euros anuales cuando esté a pleno funcionamiento. Según aclaró el director del Serla, Agustín Gajate, el servicio contó con 583.000 euros en el último presupuesto, de los que finalmente devolvió 100.000.

En defensa de esta inversión, las tres partes incidieron en el ahorro que supondrá, tanto económico como de tiempo. La resolución de conflictos individuales en la comunidad le cuesta al año a la Justicia unos 80 millones de euros, mientras que el plazo que tardan los casos en ser tramitados, ahora de varios meses, pasaría a ser de cuatro o cinco días.

«Es cierto que el ahorro sería para el Ministerio de Justicia y el gasto para la Junta, pero en otras comunidades las dos Administraciones han firmado convenios para materializar la financiación», señaló Prieto. «La Junta, que siempre nos ha animado a llegar a acuerdos bilaterales, no puede poner ahora zancadillas», añadió.

«Confiamos en que el Gobierno regional tenga un gesto de generosidad y este acuerdo no caiga en saco roto, porque sería un fiasco y paso atrás para Castilla y León», agregó Aparicio. «El primer acuerdo sobre el Serla, de 1996, tardó cuatro años en recibir el visto bueno de la Junta recordó Andrés esperamos que en esta ocasión todo pueda estar listo para que entre en funcionamiento el 1 de julio de 2016».

La Junta, por boca de su vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ya ha mostrado su disposición proclive a atender las demandas de patronal y sindicatos relativas al Serla. La dotación económica, no obstante, deberá contar con la bendición de la responsable del Presupuesto y guardiana del déficit, la consejera de Economía y Empleo Pilar del Olmo.

Prórroga a la ultractividad

El III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales recoge también otros apartados relativos a la negociación colectiva. En este sentido, amplía en doce meses la prórroga de un año que, tras la última reforma laboral, tienen los representantes sindicales y empresariales para negociar la renovación de un convenio colectivo que haya cumplido su vigencia sin pacto para renovarlo, conocida como ultractividad. Además, el Serla asume competencias para mediar en los descuelgues de convenios por parte de empresas e intervendrá en los casos en que estas pretendan salirse del convenio sectorial para firmar uno de empresa. Por otro lado, el acuerdo elimina la obligación de esperar seis meses para ir mediación cuando se produce un bloqueo en la negociación de un convenio.