Ribera descarta cambios en los recortes ante los ejecutivos de las eléctricas

Con esta afirmación, Ribera mantiene su decreto por el que se reducirán en 2.600 millones los ingresos de las compañías energéticas. «Hoy por hoy, hay que aplicar con claridad todas esas medidas para acompañar a la sociedad este invierno», ha indicado la ministra en la entrega de Premios del Club Español de la Energía. Ribera ha admitido la complejidad en la que se ha instalado la regulación, aunque ha indicado que está segura de que «encontrarán el camino del interés general».

Delante de ella se encontraban los grandes ejecutivos de las eléctricas en España. Desde el consejero delegado de Endesa, José Bogas; hasta la consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría; o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; o Pedro Larrea, director general de gestión de Energía y Redes de Naturgy, entre otros muchos directivos. Todos han compartido mesa y mantel con Ribera, aunque la titular de Transición Ecológica no ha cejado en su idea de actuar por la vía de los ingresos, además de la reducción de impuestos y otras medidas incluidas en el paquete legislativo del pasado martes.

Ribera indicó que el Gobierno está haciendo «todo lo que está en su mano para dar una respuesta adecuada a una situación de extrema volatilidad y turbulencia», e intentó tranquilizar al sector argumentando que las medidas son «en gran parte coyunturales». Además, sostiene que esas medidas no generan inseguridad jurídica. «No hay que generar alarmas innecesarias», insistió en su discurso. E instó, de nuevo, a trabajar «todos juntos». «Estoy segura de que lograremos encontrar el camino del interés general a todo esto. Me siento cómoda aquí, ya que es importante trabajar con todas las empresas de los sectores sobre los que tengo responsabilidad en el Gobierno», ha añadido.

La vicepresidenta tercera también ha asegurado que el Gobierno se siente «respaldado y entendido» por Bruselas. En cualquier caso, ha vuelto a señalar que lo ideal es que Europa adopte una respuesta común a un problema «no solo español, sino que afecta a toda la economía y sociedad europea».

Para ello, ha anunciado que el Gobierno ya ha remitido una carta al vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans, y a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, solicitando esta respuesta común.

Mientras tanto, las miradas de los ejecutivos tienen la mente puesta en los posibles recursos judiciales. No tiene por qué llegar a esta situación extrema. Aún confían en modificar algunos aspectos del decreto en los días que restan de tramitación parlamentaria. Aunque el sector ya tiene preparada su batalla judicial si no surten efectos sus propuestas. Al frente de ellos, este lunes se situaba la presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni, quien indicó en su intervención que las empresas tienen que ser capaz de proteger a los consumidores vulnerables al mismo tiempo que «se cumple con todas las reglas establecidas a nivel europeo, garantizando en todo momento la seguridad jurídica y regulatoria, sin olvidar la competitividad y reputación de las empresas».

En su opinión, mantener esta seguridad jurídica permitirá atraer los fondos europeos y otros recursos adicionales de inversores procedentes de lugares comprometidos con transición ecológica. «Hay una brecha actual entre los objetivos perseguidos y lo que el común de la gente entiende, pero hay que romper esa brecha y llegar a todos a través de una buena comunicación», ha concluido.

Ya en el atril y a modo de clausura, la ministra ha vuelto a recuperar este asunto: «Es clave respetar el marco europeo y todos intentamos hacerlo, siendo escrupulosos con las reglas mas importantes del mercado interior de electricidad. Pero no podemos mirar para otro lado cuando esta situación puede causar un impacto muy notable en la economía española».