Las residencias de mayores, palanca efectiva para crear empleo y anclar habitantes a los pueblos

La esperanza de vida al nacer aumentó de manera sensacional durante el siglo XX en España. Mientras que en 1900 se situaba en solo 33,8 años para los hombres y 35,7 para las mujeres, en 1999 había subido hasta los 75,4 y los 82,3 años, respectivamente. Más del doble, por tanto, según las Tablas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y esa línea ascendente ha continuado en lo que llevamos de siglo XXI hasta superar los 80 años para ambos sexos. El resultado es que la población mayor –entendida como tal la de más de 65 años– no deja de crecer. Con lo que ello implica. Porque cada vez vivimos más, es un hecho. Pero es que además aspiramos a hacerlo con calidad. Y a más edad, más necesidad de atención y servicios.

De acuerdo con el último Padrón, el 19% de la población española supera los 65 años, un porcentaje que se eleva hasta el 25,1% en Castilla y León. Somos la autonomía más envejecida del país, junto a Asturias. Y no solo eso. Los actuales 8,9 millones de españoles mayores podrían ser 14,3 millones en 2068, según las Proyecciones del INE (no existen datos regionales a tan largo plazo). Se trata de un reto social complicado, que resulta especialmente difícil de afrontar en los pueblos, pero que al mismo tiempo puede incentivar la actividad económica y, como consecuencia de ello, contribuir a frenar la pérdida de habitantes en esos núcleos de pequeño tamaño.

Esto último ha centrado la mesa redonda titulada 'La importancia de las residencias en territorios rurales para fijar población', que ha reunido en Valladolid a cuatro expertos en la materia. Han debatido en la hemeroteca de El Norte de Castilla, el periódico decano de la prensa española, que en 2019 cumple 165 años de historia. A la cita han acudido Carlos Raúl de Pablos Pérez, gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León –la administración competente en materia de servicios sociales–; Alfonso Polanco, delegado del Área de Servicios Sociales de la Diputación de Palencia y teniente de alcalde de la capital palentina, donde ha sido alcalde; Sergio del Molino, escritor y periodista, autor del célebre ensayo 'La España vacía. Viaje por un país que nunca fue', y José Manuel Millán, delegado de Servicios Sociales en la compañía Clece, el primer operador privado en Castilla y León, donde gestiona 28 centros residenciales (de los que solo cinco son urbanos) que suman 2.200 plazas y a los que se añadirán otros tres en breve.

Todos han coincidido en el enorme desafío que supone atender a una población cada vez más envejecida en el medio rural, «una exigencia democrática, de Estado» para Sergio del Molino, que sostiene que «ya no hay una diferencia cultural» entre los españoles que habitan «el campo» –prefiere este término– y los que residen en las ciudades, «sino una diferencia de servicios». Por eso, enfatiza, «no nos podemos permitir que nadie se sienta desasistido». Con la dificultad añadida, en el caso de la región, de que esas personas son escasas y están dispersas por un territorio muy extenso (la superficie de Castilla y León es superior a la de 17 países de la UE). Y, junto al diagnóstico, se han puesto de acuerdo en que la atención a los mayores es un evidente nicho de empleo y un elemento dinamizador de los núcleos pequeños.

«Residencias de mayores y servicios sociales son una herramienta para atender a las personas, pero además generan importantes retornos», ha resumido el gerente de Servicios Sociales del Gobierno autonómico, que ha concretado que «en Castilla y León por cada millón de euros invertido se generan 52 empleos», la cifra más alta de España. Para la Administración también implica «un importante retorno en impuestos, seguridad social, etc., que se sitúa en torno al 40%». De ahí que apueste por enfocar la atención a los mayores no como un problema de difícil solución, sino como «oportunidad» de crecimiento económico.

Una creación de riqueza que ya no vendrá tanto de la construcción de nuevas infraestructuras, porque «el despliegue en el territorio es razonable», como de la llamada 'silver economy' (en castellano, economía de plata). Es decir, de todos los servicios asociados a personas «que envejecen pero que lo hacen con una calidad de vida muy alta, que se mueven y que tienen inquietudes». Ha incidido en que «en Castilla y León tenemos 7,92 plazas residenciales por cada 100 habitantes de 65 años o más, la mejor ratio de España, lo que equivale a 47.800 plazas aproximadamente».

José Manuel Millán también ha insistido en la idea de que «los servicios sociales son uno de los pocos sectores que pueden generar riqueza en el medio rural, es lo que nos permite mantener el territorio, la cultura y el patrimonio», puesto que está demostrado que son «una palanca» efectiva para crear trabajo y fijar población. Pero, al mismo tiempo, ha alertado de que al sector privado cada vez le resulta más difícil mantener las residencias en los pueblos debido a factores como la falta de profesionales, la bajada de la ocupación y que «cuando vino la crisis el recorte del 25% en la subvención a las plazas concertadas fue igual para todos» y no se ha recuperado. El directivo ha recordado que «Clece es un operador grande, serio y eminentemente rural», que ya detecta que «esa red rural está dejando de ser viable, de ser sostenible».

«El mundo rural está desapareciendo, y siento decirlo porque soy de un pueblo y muy optimista en la vida. Algo hay que hacer para que no sea una extinción total, y es lo que echo en falta», ha reflexionado. En este sentido, José Manuel Millán ha apuntado que «hace falta una discriminación positiva del mundo rural», y por eso ha reclamado más financiación para los servicios sociales en ese ámbito. «Estudios hay muchos, pero políticas de inversión real hay muy pocas. Y eso que Castilla y León lo está haciendo bien en servicios sociales, y es muy eficiente con el dinero que gasta en ellos», sostiene.

El delegado de Servicios Sociales de Clece ha manifestado que, aunque «ni la Gerencia ni las diputaciones pueden hacer milagros», es preciso «cuantificar lo que cuesta el territorio, porque a la gente que está en el medio rural hay que garantizarle los servicios y eso tiene un coste». Al hilo de esto, ha planteado que en un futuro no muy lejano puede que la Administración «tenga que empezar a pagar por que algún operador se haga cargo de las residencias rurales, en lugar de cobrar» un canon. Y se ha mostrado convencido de que «todas las administraciones tienen que ayudar al sostenimiento de la red», no solo la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones, sino el Gobierno de España, «por ejemplo, con medidas fiscales».

En este último ha puesto el foco el gerente de Servicios Sociales, que ha apostillado que «desde la Junta siempre nos hemos quejado de la falta de financiación estatal para aplicar la Ley de Dependencia; estamos esperando que suba la prestación estatal para poder subir la nuestra». «La sostenibilidad del sistema se basa en dos patas: los recursos que aportan los usuarios y la financiación pública a través de esa ley, que es insuficiente. Necesitamos una mayor implicación del Estado», ha indicado Carlos Raúl de Pablos, que ha defendido que «en 2018 se ha subido el coste de los conciertos el IPC, pero tenemos el presupuesto congelado» y ha respondido a la petición de que se discrimine positivamente a los pueblos afirmando que «raras son las ayudas de la Junta donde no se hace».

Alfonso Polanco, por su parte, ha solicitado que esa preferencia se oriente hacia «ciudades intermedias como Palencia o Teruel, que pueden prestar todos los servicios», porque a su juicio «en los pequeñísimos pueblos nadie quiere vivir». Tras sentenciar que «el dinero invertido en atender a las personas mayores es el más rentable», porque «es invertir en un sector intensivo en mano de obra», ha abogado por «buscar un cambio de mentalidad y dedicar recursos públicos y privados a los servicios sociales».

El delegado de esta área en la Diputación de Palencia, que ha destacado que su institución ha conseguido una ratio de 10 plazas por cada 100 mayores de 65 años en esa provincia y ha elevado el presupuesto de la ayuda a domicilio el 27%, ha alabado asimismo «el magnífico trabajo de la Gerencia de Servicios Sociales para que las personas mayores puedan decidir dónde vivir». Junto a esto, ha apostado por «repensar el papel del sector agrario», porque en el cuidado del territorio, el reparto del agua y la alimentación, «los grandes retos de los próximos años, el medio rural puede dar la solución».

En cuanto al dinero, Polanco es tajante: «la única vía de financiación que tenemos es la europea, y debemos estar todos unidos en esto». «Sin duda», le ha secundado Sergio del Molino, igual de convencido que él de que «la solución tiene que venir por la UE, que está en una situación grave», pero a la que le exige «redefinir las políticas agrarias» y «un plan ambicioso» dado que «es un problema nuclear». «Sí, a largo plazo habría que abordar una política general como se hizo con la PACo la Política de Cohesión», concede Carlos Raúl de Pablos, «pero no solo hay que pasar la pelota a Europa, hay que tomar decisiones como país».