Renovables sí, pero ¿no así? ¿o no aquí?

Quimet, Dolors, Antoine y Olga. Son personajes ficticios. De película. Pero podrían convertirse en cualquiera de los habitantes de decenas de municipios en los que están proyectadas algunas de las grandes plantas de renovables para los próximos años. Quimet, Dolors, Antoine y Olga son los protagonistas de 'Alcarrás' y 'As Bestas', las dos películas que han sabido proyectar la complejidad que implica instalar eólicas y solares en algunas zonas. El apoyo social a las tecnologías limpias para producir luz está fuera de toda duda. La última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) revela que entre el 67% y el 74% de la población apoya esta transformación energética. El rechazo es mínimo, apenas del 5%. De hecho, la prueba más fehaciente de su aceptación es que cada vez que sopla mucho viento o hace mucho sol, el precio de la luz baja por la aportación de estas centrales. Pero cuando se trata de albergar alguna de las instalaciones previstas en sus términos municipales, la película cambia.

Las trabas sociales con las que se están encontrando las promotoras de algunos de estos proyectos suponen un obstáculo más a batir dentro del ya de por sí complejo proceso burocrático para instalar renovables. Desde el momento en el que se presentan los estudios hasta la puesta en marcha de cualquier parque tienen que transcurrir años.

Y el tiempo apremia, porque el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) impulsa esta transformación sobre el guión. Pero la realidad es muy distinta. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), su director general, Juan Virgilio Márquez, admite que «la regulación estaba pensada para cuando hay una dinámica de desarrollo renovable tranquilo, pero no para cuando hay avalanchas». Los parques con grandes aerogeneradores se encuentran con una parte de la oposición vecinal, que no es mayoritaria, pero que sí ha conseguido hacerse con un hueco en la agenda pública. El desarrollo de una gran planta en la provincia de Teruel ha sido crucial.

El punto de inflexión de esta situación llegó a mediados de enero de este mismo año. El día 25 de ese mes terminaba el plazo legal para que el millar de proyectos de renovables (eólicos y fotovoltaicos) pendientes de recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de las administraciones central y autonómicas obtuvieran respuesta.

Transición Ecológica, de los que dependen los parques con más de 50 megavatios (Mw) de capacidad (los de menor potencia dependen de las comunidades autónomas) autorizó 154 expedientes con DIA positiva, 36 han obtenido DIA negativa y 12 se han archivado. La potencia de los proyectos evaluados asciende a 35.879 Mw, de los que 27.943 Mw han obtenido la DIA favorable; corresponden a 132 proyectos fotovoltaicos (24.752 Mw), a otros 20 eólicos (2.897 Mw) y a dos proyectos híbridos (294 Mw).

Ahora las miradas se centran en dos nuevos hitos: abril y julio. La autorización administrativa que más preocupa en el sector es la del verano, porque es la de construcción. Solo la eólica se juega 12 Gw de potencia y otros 50 Gw en fotovoltaica. «A lo que nos enfrentamos es a que en 2025 haya una explosión renovable, porque es cuando deben estar instalados», recuerda Juan Virgilio Márquez. «Es muchísima potencia renovable instalada en muy poco tiempo. Dependerá mucho, por si no se pueden financiar». Márquez considera que es en los procesos de consulta pública «donde más alarma social se genera». «Se crea el mensaje de de que va a haber una acumulación de proyectos», indica. Y esa sensación es la que puede asustar a parte de la población. Aunque el ejecutivo de la AEE apunta que una parte de esos proyectos no llegan a concluirse y que van quedando en el camino.

Esta avalancha de parques es la que genera, en cierta medida, temor en la población. Pero ¿qué tipo de miedos existen ante una planta renovable, que no contamina, genera energía limpia e inyecta millones de euros a los municipios? Ladislao Montiel, de la Fundación Renovables, considera que el PNIEC «no previó bien la alta demanda de proyectos y la evolución en precio a la baja de la eólica y la fotovoltaica». Solo el año pasado se conectaron a la red 3.918 Mw de nueva potencia fotovoltaica, hasta alcanzar los 19.203 Mw al cierre del ejercicio y una subida interanual del 26%. La eólica creció un 4%, hasta situarse en los 29.737 Mw. A este ritmo, los objetivos del PNIEC a 2030 se pueden superar perfectamente, indica la organización. Se prevé para 2030, entre fotovoltaica y eólica, 89 Gw.

El director general de UNEF, la principal patronal de las solares fotovoltaicas, va un paso más allá. «Vemos esta situación con preocupación porque hay mucha desinformación», apunta José Donoso. Y apunta a varios colectivos que se están posicionando en contra de la instalación de renovables por distintos «intereses», explica: las inmobiliarias, que «consideran que es un terreno que se podría recalificar»; el sector turístico, sobre todo el encaminado al mundo rural; bodegas con turismo enológico; cazadores; macrogranjas… «Son todo sectores que disfrazan sus peticiones para decir que hay que preservar el paisaje y la cultura local cuando lo que realmente esconden es un interés económico propio», apunta el ejecutivo de UNEF. «No hay nada más demagógico y más claro que renovables sí pero no así. Lo que quieren es renovables si pero no aquí», explica Donoso.

La Fundación Renovables pone en acento en realidades sobre las que se ha obviado el impacto de estos parques, por muy renovables que sean. «La principal problemática es la falta de ordenación territorial», indica. «No hay un suelo derivado para usos energéticos, sobre todo en los municipios cercanos a los nudos de acceso a la red de transporte. Ahí es donde se acumulan una ingente cantidad de proyectos, instalados o no, para evacuar a la red en una superficie muy delimitada», apunta la organización. Y añade que «lo que sucede en estos casos es que son áreas rurales, con una cultura y una actividad productiva muy arraigada a la agricultura, una agricultura de secano con una baja rentabilidad y que solo es rentable al percibir ayudas de la PAC (Política Agraria Común)». Por poner un ejemplo, indican, una persona obtiene una renta agraria seis veces menor que las propuestas de arrendamiento para implantar plantas fotovoltaicas, por lo que genera una tensión social al arrendar parcelas de mayor tamaño que la de pequeños productores agrarios.

La Fundación también achaca a «la opacidad de los promotores de cara a la difusión con los vecinos y los ayuntamientos afectados». Apuntan que «no ha habido campañas de sensibilización ciudadana de por qué son necesarios y los beneficios fiscales que repercutirán en la localidad». «Al ser empresas extranjeras, con fondos de inversión, han sentido un movimiento de invasión exógena que no perciben como propio», indican.

Y sí, también aquí surge una disputa territorial. Porque Madrid y Barcelona, con sus grandes áreas metropolitanas, son territorios con una alta demanda energética que no pueden satisfacer por sus zonas aledañas. Esta realidad ha creado una brecha energética y social por la cual se habla de colonialismo urbano. Para la Fundación Renovables, es «algo lógico en el caso de Madrid, al no tener la superficie suficiente para instalar aerogeneradores y fotovoltaica en suelo». La organización argumenta que se podría remitir si aumenta su autosuficiencia energética con autoconsumo fotovoltaico por su gran cantidad de tejados disponibles.

En apenas una década, España dejará de tener grandes centrales de electricidad ubicadas en determinados territorios (las siete nucleares se reparten entre Extremadura, Cataluña, Valencia y Castilla La Mancha, por ejemplo) a tener un sistema eléctrico completamente atomizado, con pequeñas instalaciones (eólicas, solares…) en casi cualquier punto de la geografía, e incluso del mar con la incorporación de la eólica marina. Los clásicos 'skyline' se verán irrumpir por aerogeneradores y placas para producir luz allí donde se pueda. El camino está trazado y no parece haber vuelta atrás. Aunque como toda transición, dejará damnificados en el camino.