El CES pide más inversión pública y políticas de empleo contra el «declive demográfico» rural

En este documento, el CES resalta la necesidad de las intervenciones públicas para modificar el escenario de pérdida de población que se está registrando en Castilla y León. Ante este reto demográfico, el CES recomienda el diseño de políticas integrales con medidas de apoyo a la familia, al empleo, a la vivienda, migratorias, de promoción de la actividad económica, la agricultura, la industria y los servicios para el cuidado de las personas, que sean «sólidas y perpetuas»; que se prime la conciliación de la vida profesional y familiar; facilitar el reemplazo generacional y mejorar la baja tasa de natalidad favoreciendo la llegada y el arraigo de inmigrantes «formados»; o el desarrollo de una ordenación del territorio que valorice los pueblos y pequeñas ciudades como base de la prestación de servicios y la garantía de la calidad de vida.

El Consejo considera necesario el aumento de la eficiencia del mercado de trabajo reduciendo la temporalidad e implementando «más y mejores políticas» de conciliación laboral, así como dedicar «una atención especial» a un mayor destino de recursos hacia servicios básicos como la educación, la sanidad o las infraestructuras, algo que ha quedado demostrado que «a largo plazo» tiene un impacto positivo sobre el crecimiento.

En materia económica, el CES puso de relieve que la economía en Castilla y León sigue creciendo, aunque a un ritmo «menor» desde el inicio de la recuperación económica en el año 2014, por lo que se pidió especial atención a las medidas que se adopten, al entender que la comunidad se sitúa en un momento «crucial» para poder «consolidar» esa mejora económica. La desaceleración fue mayor el año pasado como consecuencia de un mal año agrícola y así se ha constatado un cierto retraso en la recuperación -crecimiento del 1,9 por ciento según el INE y del 2,5% según la Junta- respecto al crecimiento nacional, que fue del 3,1%.

Sin embargo, desde esta institución se defiende que hay «margen de mejora» en el uso de los factores productivos que pueden dar continuidad al ciclo alcista, dado que existe una elevada tasa de paro juvenil y de larga duración, un alto porcentaje de trabajadores con jornada parcial involuntaria y una moderada recuperación del total de horas trabajadas. Ante esta situación, se recomienda a los poderes públicos poner el foco de atención en el modelo de tejido empresarial, avanzando hacia una competitividad más orientada a la producción industrial y de servicios de mayor valor añadido para impulsar la productividad y el empleo de calidad.

De la misma manera, la creación de empleo debería estar liderada por los sectores de mayor productividad y valor añadido y de mayores efectos de arrastre sobre otras actividades. El presidente del CES, Germán Barrios, puso de manifiesto que las comunidades más innovadoras, las buenas conexiones interregionales, la mano de obra altamento cualificada y un entorno empresarial atractivo han permitido que regiones vecinas se beneficien de su proximidad. Por eso, desde el informe aboga por «intensificar» las relaciones entre Castilla y León y otras regiones con políticas de conexión de empresas, de centros de investigación y de servicios empresariales especializados.

Ante los «desequilibrios» aún existentes en materia laboral, Barrios reconoció los «datos positivos» conseguidos, pero apuntó a la temporalidad y la parcialidad como los principales causantes de esa desigualdad. Para alcanzar la recuperación económica y laboral apostó por un aumento de la productividad, en base al conocimiento y creación de más empleo, y de mayor calidad, pero también por orientar el cambio tecnológico hacia una industia digital «de alto valor añadido» que aumente la capacidad adquisitiva, la demanda interna y que configure un sistema productivo tractor de pbolación y empleo.

En una comunidad en la que el sector primario tiene un papel fundamental, el CES reclamó el impulso de un modelo de gobernanza agraria basado en la I+D+i que consiga un «equilibrio» entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, con mayor atención a los productores, por entender que es el sector «más débil». La Política Agraria Común (PAC) debe de servir para «fortalecer» la posición financiera de los agricultores, por lo que se abogó por un documento «fuerte y bien financiado» para una agricultura autonómica que sea «sostenible y viable» en la Unión Europea.

Entre las recomendaciones se apuntó a la fijación de políticas y acuerdos que faciliten que mayor número de mujeres se dediquen a la agricultura y ganadería, sectores donde la brecha digital impone «más cargas» en lugar de conseguir su simplificación. Además, el año pasado estuvo marcado por la sequía, ante lo que «no se han tomado medidas excepcionales» y eso se ha dejado notar en el empleo agrario del año pasado, por lo que desde el CES se reclama una política de ayudas directas «más comprometida» y con mayor capacidad de reacción ante crisis coyunturales.

El CES reclama un Pacto de Estado en materia energética que permita un sistema «estable predecible y sostenible en el tiempo», además de que la sustitución de tecnologías en la transición energética deberá hacerse teniendo en cuenta el impacto social, economico y ambiental.

En relación al sector minero también se piden medidas para que las eléctricas hagan las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la nueva normativa europea de emisiones y evitar el cierre de estas centrales. Y aunque las cuencas mineras deberán prepararse para la supresión progresiva, esta deberá realizarse en una planificación «a largo plazo».

Por otro lado, se defiende la promoción del auto consumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red; y se aboga por abrir el debate sobre la repercusión que debería tener para Castilla y León la aportación que se hace a la producción eléctrica nacional, en especial de carácter renovable, ya que la Comunidad es «la principal productora».

Construcción

Aunque el sector de la construcción también está creciendo, la licitación pública tan solo supone la tercera parte de la del año 2007. Desde el CES se defiende que Castilla y León tiene «oportunidades» para la construcción en muchos ámbitos como en infraestructuras de transporte y corredores multimodales de mercancías, las conexiones multimodales en transporte de pasajeros y otrs infraestructuras como accesos a ciudades o redes secundarias para poblaciones pequeñas, entre otras.

El fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el desarrollo de capital humano de alta cualificación y el incremento de actividades en I+D+i son esenciales para la mejora de la productividad, de la calidad del empleo y de las condiciones de vida. El presupuesto en materia de I+D+i creció el año pasado en un 34,6% respecto a 2016, pero aún se está lejos de las cifras de las cuentas del principio de esta década, con cerca de 300 millones frente a los 224 actuales.

En materia educativa, desde el CES se recomendó orientar los planes de estudios universitarios y también de FP a las necesidades emergentes del mercado y de la empresa, formando a los jóvenes en habilitades adaptadas a los nuevos sectores como la robótica, la ciberseguridad, la impresión 3D, el big data, la biotecnología o las renovables.

Y es que el CES defiende el papel fundamental que tiene que jugar la transformación digital en muchos ámbitos sociales y económicos, aunque para las pymes y micropymes es aún «una asignatura pendiente». El aumento del tamaño de las empresas es un aspecto «irrenunciable» que supone la base de un cambio de modelo económico para un crecimiento sostenible e inteligente.

En este sentido, desde el CES se insta a la Administración a que lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre los principales tipos de pymes, su peso relativo y su contribución al empleo y al crecimiento. En relación con la dificultad para la creación de empresas, desde el CES se propuso la reducción de la burocracia y la simplificación de los procesos de licitación. Por otro lado, el apoyo a la internacionalización deberá estar cada vez más adaptado al perfil y necesidades de las empresas, para ayudarles a aumentar su tamaño.

En este ámbito se pide sentar las bases de un pacto de inversiones en infraestructuras, después de la caída de los últimos años y que permita «poner en la agenda política» el Corredor Atlántico. En el caso del Corredor Noroeste, además de los trabajos del tramo Venta de Baños-Burgos, está por decidir el trazado del tramo Burgos-Miranda de Ebro-Vitoria, una infraestructura que para el CES es «imprescindible y urgente» par aus conexión con la 'Y vasca'.

En cuanto a las autopistas, el vencimiento de la concesión de algunas de estas vías de peaje hace que se plantee la recuperación de su gestión y la posible eliminación de los peajes, lo que a juicio del CES permitiría mejorar la gestión logística de Castilla y León, en especialmente en lo que al tráfico pesado se refiere.

Por último, el informe del CES reclama un pacto de comunidad, social y político en el ámbito de la fiscalidad, que plantee medids que vayan encaminadas a favorecer la capacidad del sistema para obtener los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento de los servicios y políticas públicas. También se considera que habría que dedicar una atención especial a redirigir más recursos hacia la sanidad, la educación o las infreaestructuras.

Además, desde el CES se cree que Castilla y León sigue siendo una comunidad infrafinanciada y augura que lo estará «aún más» en el futuro ya que las características demográficas de Castilla y León tienen efectos negativos sobre los ingresos. Por ello, la reforma del modelo es, a juicio del CES, «inaplazable y urgente» con una solución equilibrada y justa para los territorios bajo los rpincipios de «solidaridad, suficiencia, equidad, transparecnia, correpsonsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales en función de su coste efectivo».

La vicepresidenta de Cecale, Ángela de Miguel explicó que con este informe se busca proponer medidas «de consenso» que tengan un impacto «positivo» y que hagan «una buena radiografía» para abordar el futuro de la comunidad, informa Ical. Abogó por evitar las deslocalizaciones y simplificar los trámites administrativos, aunque no olvidó la importancia de la digitalización. Por ello pidió que tanto las universidades como la FP e adapte a los nuevos cambios y busquen modelos formativos «más dinámicos»; la inversión en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como una formación continua bajo fórmulas «estables» y una mayor inversión en I+D+i; y un impulso al Corredor Atlántico y una buena cobertura de internet «ultrarrápida» para acabar con la despoblación.

Desde UGT, Evelio Angulo estimó que las recomendaciones que se ofrecen pueden ser «útiles» y obligan «a todos» en un mercado de trabajo «difícil» que recoge peores datos que la media nacional y donde Castilla y León tiene una evolución respecto a la mejora de la economía «de segunda velocidad» respecto a otras comunidades. Entre otros aspectos, Angulo puso de relieve avanzar en materia de despoblación y envejecimiento, en políticas de igualdad, la mejora de políticas sociales o la potenciación de la financiación, además de demandar al Gobierno una reforma de las políticas fiscales.

Por último, desde CC OO, Carlos Castedo también se pidió la elaboración de un Pacto de Corresponsabilidad Fiscal y la dotación de servicios a las infraestructuras para vertebrar las comunicaciones dentro de Castilla y León, con una política de transporte público que permita frenar la despoblación. Castedo pidió ser «prudente» ante el problema de la deslocalización y puso de relieve la importancia de ofrecer atractivos dentro de lo que calificó como un «juego de equilibrios» que hay que ver dentro de un modelo global.