Objetivo: industrializar las zonas rurales con carencias históricas

Iniciada la era de la ‘poscrisis’, las comunidades autónomas se afanan en abrazar el sector industrial como la panacea con la que conjurar errores del pasado, dependencias nocivas y monocultivos contraproducentes. La carrera por conseguir que la industria manufacturera –definida como el sector que propicia un crecimiento económico más sólido– tenga en 2020 un peso del 20% en los respectivos PIB regionales ha comenzado.

De hecho, Del Olmo calificó ayer el plan de promoción industrial, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, como «el principal instrumento para el desarrollo de la política industrial, una actividad estratégica por su contribución al crecimiento de la economía, a la cantidad y calidad del empleo en Castilla y León y al fomento de la innovación».

El plan ya había sido rubricado por Juan Vicente Herrera y los partidos que lo suscribieron (unos con entusiasmo por haber participado en su elaboración, otros con reticencias por la dudas acerca de su puesta en práctica) el 29 de marzo. Entonces, la Junta aseguró que en su primera comparecencia propondría y debatiría con los grupos políticos la propuesta de Programas Territoriales de Fomento «tendentes a promover el reequilibrio territorial de la implantación industrial en Castilla y León».

Ayer ofreció alguna pista más, si bien no toda la concreción que algunos esperaban. De hecho, mientras IU se negó a suscribir el plan por encontrarlo una mera herramienta» con la que financiar a empresas para comprar tecnología fuera», la UPL sí firmó el acuerdo pero rechazó «salir en la foto mientras no se cumplan los Programas Territoriales de Fomento tendentes a promover el reequilibrio de la implantación industrial».

La presentación ante las Cortes del Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 sirvió para escenificar el acuerdo preexistente con la mayoría de partidos de la oposición, así como las dudas sobre su aplicación práctica. Desde el PSOE, Javier Izquierdo valoró el acuerdo y la disposición mostrada por la Junta para alcanzarlo, pero también avanzó que los socialistas estarán «atentos y vigilantes» para que se ejecute lo pactado, pues este acuerdo es «clave» para la industria de la comunidad, un sector «prioritario» que «tira» del resto y «genera empleo de calidad».

El procurador de Podemos Ricardo López se declaró aún más reticente con los resultados y aplicación del plan y advirtió de que su grupo aguarda desde la «desconfianza preventiva» en un pacto «ambicioso» en puntos como el aumento de inversiones en I+D+i algo, por otra parte, «esencial» para Podemos.

A las «limitaciones» de este pacto se refirió, según informa Efe, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, quien subrayó que a nivel temporal y de recursos este plan llega «escaso», además de carecer de controles de evaluación de sus posibles resultados, en aquellas actuaciones que son «prioritarias».

El único procurador que no suscribió el acuerdo, el dirigente de IU-CyL, José Sarrión, insistió en que el pacto solo beneficiará a las empresas privadas en detrimento de lo público. También desde el Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos, justificó su rúbrica en la «esperanza» de que se «reviertan» las políticas llevadas a cabo en los últimos 30 años, que han provocado que en la comunidad haya «pueblos ricos y pueblos pobres» y una desigualdad entre provincias «evidente».