El Gobierno dejará de dar visados a cambio de inversiones desde abril

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley que eliminará esta forma de conseguir un visado, aprobada bajo el gobierno de Mariano Rajoy y que se colocó en el foco de las críticas coincidiendo con una fuerte tensión en los precios de la vivienda, que sin duda seguirá marcando la agenda política de los próximos meses.

Aunque el anuncio se hizo en abril de 2024, fue el 14 de noviembre cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó su eliminación, con 179 votos a favor y 169 en contra. Ahora, la norma que aparece en el BOE incluye una disposición transitoria que establece que esos visados se respetarán para los inversores -o sus familiares- que hayan solicitado esa 'golden visa' antes de su entrada en vigor. Lo mismo ocurrirá con las renovaciones, que se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha de concesión inicial.

Aunque su eliminación se justificó en un principio como uno de los factores de subida del precio de la vivienda -por las compras de casas por parte de grandes fortunas- estos visados también se conceden a los inversores internacionales que compren más de dos millones de euros en deuda pública española, o más de un millón en acciones de Bolsa o participaciones en sociedades españolas.

Asimismo, el visado también estaba disponible para inversores que inyectaran más de un millón de euros en fondos de inversión constituidos en España o en depósitos bancarios en entidades financieras españolas. Otra fórmula para optar al visado era crear un proyecto empresarial que se desarrollara en España y que fuera considerado y acreditado de interés general.

Pese a que se trata de una fórmula para atraer capital extranjero, lo cierto es que el bajo número de 'golden visa' expedidas (apenas 451 en 2022, un 50% menos que el anterior) pone en duda su efectividad. Y también que este sea uno de los motivos principales del encarecimiento de la vivienda.

En todo caso, y tras su eliminación en otros países como Portugal o Canadá, el Gobierno encontró la fórmula legal para seguir estos pasos mediante una enmienda a puerta cerrada en el proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que fue aprobada en ponencia sin la presencia del de los diputados del PP, que suspendieron su actividad por la tragedia causada por la DANA.