Los funcionarios que eligen la sanidad pública se disparan un 83% y superan el medio millón

Si hace diez años suponían solo el 18%, su cifra se ha disparado hasta casi duplicarse y suponer ya más del 32% del colectivo. Han pasado así de ser 275.000 en 2014 a superar este año por primera vez en la historia la barrera del medio millón, lo que supone un incremento de casi el 83%, según datos a 31 de octubre.

Pero siguen siendo mayoría, más de un millón, el 68%, los funcionarios que sí llevan durante años, décadas, eligiendo la sanidad privada como su único servicio de salud y ahora, tras la negativa de las compañías aseguradoras a seguir proporcionándoles este servicio durante los próximos dos años, pueden quedarse sin sus médicos y hospitales de referencia.

Desde Muface explican que este fuerte trasvase hacia la sanidad pública –por primera vez este año caen de la barrera del 70%– se debe a la incorporación de un gran número de funcionarios de escalas superiores (procedentes de los grupos A1 y A2) que tienen un mejor nivel económico y pueden permitirse escoger la sanidad pública y, a la vez, pagarse un seguro sanitario privado, con lo que disfrutan de los dos modelos de salud.

Sin embargo, el sindicato CSIF culpa también de este descenso en el modelo concertado al empeoramiento de la calidad de la prestación sanitaria, consecuencia de la infrafinanciación del concierto con las entidades colaboradoras. Así, critican que en los últimos años se ha producido una reducción de los cuadros médicos, la eliminación de la oferta sanitaria, de especialistas y médicos de familia en determinadas zonas.

Porque los más de 1,57 millones de mutualistas adscritos a Muface tienen la opción de elegir, a principios de cada año, entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas, en estos últimos años a través de Adeslas, Asisa o DKV.

La gran mayoría de este colectivo son profesores de educación primaria, secundaria o universidades, mientras que hay otro 17% que pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado, funcionarios empleados en ministerios, en la Agencia Tributaria, en centros penitenciarios... así como otros 5.000 que trabajan en Correos además de numerosos policías nacionales.

El proceso de envejecimiento que se está produciendo en toda la población española en general es aún mucho más acusado en este colectivo, cuya edad media se ha elevado 3,7 años en la última década. Es más, los beneficiarios mayores de 65 años triplican a los niños y representan prácticamente un tercio de los mutualistas.

Esta es una de las principales razones de que el gasto sanitario de este colectivo se haya disparado, provocando números rojos en las aseguradoras que les prestan servicio. En el futuro, seguirá incrementándose, abocando al sistema a los números rojos, según advierten estas compañías.

El Gobierno, en contra del criterio del Ministerio de Sanidad, sigue apostando por este modelo deMuface y va a hacer una nueva oferta para que se adhieran las compañías, puesto que, de lo contrario, tensaría mucho una sanidad pública que ya está bastante sobrecargada. De no alcanzar un acuerdo, la SeguridadSocial tendría que absorber el próximo año a más de un millón de pacientes, lo que implicaría un incremento de más del 2%.

El impacto que tendría incorporar a los mutualistas a la sanidad pública sería muy desigual a lo largo y ancho del país. Así, en el País Vasco no tendría gran incidencia y solo supondría atender a un 0,65% más de población, igual que en Navarra (un alza del 1%). Sin embargo, Andalucía, Castilla y León y Extremadura serían las regiones que mayor esfuerzo tendrían que hacer.