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Las administraciones autonómicas son responsables del gasto en servicios públicos tan importantes como la sanidad y la educación. Y necesitan recursos para ello. El sistema de financiación autonómica, que lleva 15 años sin reformarse, genera insatisfacción entre las comunidades, pero no hay consenso para cambiarlo, ... ni entre los dos principales partidos políticos ni entre las comunidades autónomas. El Consejo General de Economistas y el think tank Fedea han sistematizado una serie de propuestas para introducir «retoques» que palíen parte de sus problemas.
En su opinión, una de las grandes asignaturas pendientes es la responsabilidad fiscal de las comunidades ya que se tiende a interpretar que la suficiencia financiera de las autonomías es que el Estado está obligado a garantizarles todos los recursos necesarios para prestar los servicios. Esto supondría «darles un cheque en blanco», señaló el director de Fedea, Ángel de la Fuente, «lo que elimina todo incentivo a controlar el gasto». Lo importante, explicó, es que cuenten con herramientas para pedirles esos recursos a los ciudadanos. En este contexto, los expertos consideran que debería revisarse el sistema de retenciones en el IRPF y entregas a cuenta para que las posibles bajadas o subidas del Impuesto sobre la Renta que cada comunidad decidiera en su tarifa autonómica se reflejara inmediatamente en las retenciones en las nóminas. «Podrían incluirse sin problemas las diferencias de tipos entre comunidades y revisar cada trimestre la cuantía de las entregas a cuenta a las autonomías», puntualizó De la Fuente. En la actualidad, esto se hace con uno y hasta dos años de retraso, con lo que el contribuyente no nota en tiempo real las decisiones de su Gobierno autonómico.
Además, los expertos defienden que el IVA -cuya recaudación está cedida en parte a las autonomías- tenga también un tramo autonómico aunque el tipo a aplicar en ese tramo tendría que ser igual en todas las comunidades puesto que Europa no permite tipos distintos dentro de un Estado. El director de Fedea explicó que ese tramo autonómico permitiría obtener recursos para el mayor gasto que va a suponer el envejecimiento de la población y que podría repartirse de forma igualitaria a través del fondo de garantía, algo que no ocurre con los cambios en la tarifa del IRPF.
También son contrarios a un sistema de financiación singular de Cataluña, que pide el 100% de los tributos, y consideran necesario que la contribución de País Vasco y Navarra (los sistemas fiscales forales que están reconocidos en la Constitución) a la solidaridad interregional sea mayor. «Si extendemos el sistema formal a Cataluña nos cargamos el Estado, no solo en cuestiones de solidaridad sino de eficacia para políticas reditributivas», concluyo tajante el director de Fedea. Para José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona, mientras se tengan dos sistemas (el foral y el de régimen común) con resultados tan dispares, el sistema de financiación será inestable porque las comunidades con recursos pedirán la foralidad. A Cataluña, Baleares o Madrid les podría interesar. Por eso, la solución no es extenderlo sino ajustar el cupo a la realidad y que País Vasco y Navarra aporten más, señalan. Por ejemplo, incorporando al cálculo del cupo el déficit en el sistema de pensiones, que en País Vasco ronda los 25.000 millones de euros anuales, por los que tendría que aportar en el cupo 1.500 millones de euros adicionales, según cifró Diego Martínez-López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ya solo con eso, el cupo vasco más que duplicaría su aportación.
Fedea insiste en introducir un fondo transitorio de nivelación de 3.000 millones de euros que complemente los ingresos de las comunidades infrafinanciadas en términos de financiación por habitante ajustado, que son Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
En cuando a la condonación de deuda autonómica anunciada por el Gobierno, los expertos temen el 'riesgo moral' que ello supondría y señalan que de llevarse a cabo debería ser parcial y condicionada al cumplimiento de unos objetivos, con planes de ajuste verificables de las comunidades beneficiarias.
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