El goteo de empresas catalanas huidas apenas se ha revertido

El paso anunciado el martes por Banco Sabadell podría ser el principio del camino de ese retorno, que ya emprendieron de forma aislada el año pasado algunas firmas relativamente destacadas como cementos Molins y laboratorios Ordesa –Agbar lo hizo en 2022-. CaixaBank, que parece mantener su intención de continuar en Valencia -Criteria, el 'holding' industrial de la Fundación «la Caixa» tiene ahora su sede en Palma de Mallorca-, es la pieza más deseada por los gestores políticos catalanes, pero la realidad estadística muestra un problema que va más allá de las grandes compañías.

Desde los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y la declaración ilegal de independencia dentro del 'procés', más de 8.200 empresas han salido de tierras catalanas, un terremoto societario valorado en 56.100 millones de euros si sumamos su facturación anual. Así se desprende de los datos del Registro de la Propiedad que son analizados cada cuatro meses por la consultora especializada Informa D&B.

Estos movimientos se concentraron fundamentalmente en 2017 y 2018, los ejercicios de mayor tensión política por las acciones independentistas y cuando los cambios de sedes rondaron los 2.500 anuales. Según el Colegio de Registradores, Madrid fue el destino favorito de las empresas que decidían mover su sede social: en 2017 la comunidad que alberga a la capital del país absorbió cerca del 60% de todas las sociedades que administrativamente dejaron Cataluña y en 2018 fue el 55%. En esos dos ejercicios, las salidas de domicilios fiscales de Cataluña representaron el 40% del total de los que se produjeron en España.

El Gobierno facilitó esas operaciones de salida con la aprobación, a principios de octubre de 2017, de un real decreto ley de medidas urgentes que permitía a las empresas cambiar su sede social de forma inmediata solo con la aprobación del consejo de administración, sin pasar por la junta general de accionistas. Los peligros de los que huían parecían entonces muy reales. Y, en todo caso, había que minimizar los riesgos percibidos por la comunidad inversora, porque esos miedos cotizaban en la Bolsa, en el mercado de deuda y también existía el riesgo de una fuga de depósitos. En 2017 los clientes, temerosos, retiraron cerca de 30.000 millones de euros de cuentas y depósitos abiertos en oficinas bancarias catalanas, el 16,4% del total del dinero que se les había confiado entonces. Se tardaron semanas e incluso meses en recuperar la gran mayoría de esas cantidades.

En todo caso, entre las salidas más relevantes se cuentan las de las sedes sociales de las entidades financieras. Las de las más señeras, las de que en su propia marca contienen signos identitarios de su lugar de nacimiento: CaixaBank y Sabadell. La primera trasladó su dirección a Valencia -donde también se encontraba la de Bankia, con la que luego se fusionó- y el Sabadell, a Alicante.

A efectos prácticos, el traslado de la sede social ha implicado pocos cambios para las empresas: además de en su momento garantizar que más allá del desenlace del conflicto político se preservaba la «españolidad» de las entidades –y, con ello, la cobertura tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo, así como su permanencia en el euro-, apenas la celebración de las juntas generales de accionistas o las presentaciones de resultados en la localidad en la que ahora tiene cada entidad o cada empresa su domicilio societario. Porque, aclaran fuentes empresariales, los centros corporativos que mantienen en Cataluña continúan conservando los puestos de trabajo previos a 2017.

En definitiva, los movimientos que hubo no fueron deslocalizaciones, sino en la mayoría de los casos sólo cambios de domicilio fiscal. Pero la comunidad autónoma sí ha sufrido la pérdida del brillo empresarial de que disfrutaba sobre todo la ciudad de Barcelona. De hecho, los cambios en las sedes sociales no quedaron limitados a las entidades bancarias -en todo caso, sí las más sensibles por la confianza que precisan-, entre las que hay que incluir también a la aseguradora Catalana Occidente, que vino a Madrid al igual que la editorial Planeta y la firma alimentaria Bimbo. Otras compañías destacadas en esa huida forzada por las circunstancia fueron Abertis (infraestructuras), Gas Natural Fenosa -hoy Naturgy- (energía), Cellnex (telecomunicaciones), Colonial (inmobiliarias), Hotusa y eDreams (turismo) e incluso la histórica Codorníu (bebidas).

Aunque las cifras de salidas de sedes sociales de Cataluña parecen haberse normalizado (2020 con la pandemia ralentizó mucho los traslados, viéndose ya una clara tendencia decreciente a partir de 2022), Cataluña sigue registrando un saldo negativo si comparamos las entradas con las salidas de sedes corporativas. En los últimos diez años (en concreto, 39 trimestres analizados por Informa D&B) ha sido la única autonomía en esa situación (122 empresas menos), junto a Navarra (restó 81) y el País Vasco (60). Por el contrario, Madrid es la región que ha ido ganando sociedades durante más tiempo (36 trimestres), junto a Baleares (32) y Comunidad Valenciana (26).

Los últimos datos disponibles corresponden al tercer trimestre de 2024, que Cataluña, cerró con un saldo negativo de 75 empresas y un acumulado anual de 185 salidas -128 que habían decidido instalarse en esta región frene a las 203 que se habían marchado-. En términos anuales, el 28% de las empresas que habían llegado a Madrid procedía de Cataluña y un 15% de Andalucía. Por el contrario, la comunidad a la que más empresas madrileñas se movieron era Andalucía, el 21%, seguida precisamente de Cataluña, donde se iban el 17%.

Eso en cuanto a sedes sociales, pero si se atiende a su volumen de ventas –dato clave para ver luego el rendimiento fiscal que generan en la comunidad a la que se han mudado-, Madrid es la que más diferencia suma por estos traslados de domicilio: 219 millones de euros. Le sigue Galicia, que añade 128 millones, mientras que Cataluña, a pesar de ser la que tiene el mayor saldo negativo por número de empresas, suma 114 millones de euros en la comparativa según cifras de negocio gracias a haber recuperado a dos filiales del grupo de juego y apuestas Cirsa. En todo caso, el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño a precios corrientes superaba ya los 293.000 millones de euros, mientras que el catalán no llegaba a los 282.000 millones.