El Gobierno «no puede quedar al margen» ante la OPA sobre Naturgy

«Es importante que tengamos un cierto control, no estoy promoviendo la intervención, pero si un cierto control de aquello que es estratégico; me parece muy importante esa consideración, porque la privatización, si no lleva acompañada esa observancia, pues no me parece bien», ha añadido.

La normativa que se aprobó en plena crisis del coronavirus para blindar a empresas de sectores estratégicos frente a inversores que no sean españoles da al Ejecutivo la última palabra en las operaciones que suponga hacerse con más de un 10% en el capital de esas compañías.

En concreto, IFM deberá dirigirse al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, para solicitar el visto bueno del Consejo de Ministros a su desembarco en el capital de la energética. El Ejecutivo cuenta con hasta seis meses para tomar una decisión, aunque es previsible que este tiempo se acorte, ya que es un paso preceptivo antes de que la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la OPA.

El pasado viernes, el gestor de fondos global australiano IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy.

Ábalos estima que con la crisis derivada de la pandemia se ha entendido muy bien la importancia de las empresas estratégicas, porque cuando estalló se vio que España no producía mascarillas ni material sanitario: «No teníamos un reserva estratégica de carácter sanitario para eso».

NO ES POSIBLE ALARGAR CONCESIONES DE AUTOPISTAS

Sobre alargar los contratos de concesión de autopistas para compensar las pérdidas de la pandemia, Ábalos ha sostenido que jurídicamente no es posible y que han sido muchísimos años de concesiones «a veces alargadas con motivos poco justificados».

Ha advertido de que los requerimientos jurídicos a nivel europeo no permiten ya las prórrogas, y que mantener el sistema concesional actual «llevaría a una nueva licitación, pero no a una prórroga», y ha defendido que hay que apostar por una igualdad en el territorio y evitar un agravio territorial.

LEY DE VIVIENDA

Preguntado por la futura la Ley de Vivienda, Ábalos ha defendido que la norma trata de abordar una política de vivienda, pero no en el sentido de generar instrumentos de gestión, porque el Gobierno no es competente, sino en «garantizar la función social de la vivienda».

«Hemos sacado varias medidas y algunos decretos leyes validados por el Congreso donde se ha establecido el número de 10», ha sostenido en referencia a las viviendas que hacen que un propietario sea considerado un gran tenedor.

Además, ha indicado que el problema de España en vivienda social es la ausencia de parque público de vivienda, en el que considera que no se ha trabajado en la última década: «No ha habido ninguna política de vivienda».

Ha apostado por construir un parque público de vivienda con aportación privada a través de la vía de la colaboración público-privada y no de la sanción.