Exconsejeros de Bankia alegan ahora la posible prescripción de la falsedad contable para salvarse de un segundo delito

Tras la respuesta dada en la víspera por los abogados de los dos principales acusados -el expresidente del banco, Rodrigo Rato, y quien fuera su 'número dos', José Luis Olivas- al planteamiento de la Fiscalía favorable a que no se expulsara del proceso a acusación alguna, con independencia de que fuera popular o particular y del número de perjudicados directos que representara, esta vez eran los defensores del resto de exmiembros del consejo de administración de la entidad financiera quienes trataban en última instancia de reducir el tamaño y alcance del juicio. Y lo hicieron apelando al batiburrillo que, según ellos, se habría creado en los estrados.

Su tesis, defendida por varios letrados ante el tribunal, es que tras la advertencia de la Fiscalía Anticorrupción sobre la «eventualidad» de que al final de la vista oral termine acusando a los 34 encausados por un segundo delito -la presunta falsedad de las cuentas de Bankia y su matriz, BFA, en 2010 y 2011- aparte de la estafa (en su modalidad de fraude a inversores), unido a la renuncia de algunos denunciantes particulares ante la advertencia insistente de las defensas de que pedirían su condena en costas en caso de que sus clientes terminaran siendo declarados inocentes, es que «la configuración de las partes empieza a ser problemática». Y su primer reproche en este sentido fue a la representante del Ministerio Público, Carmen Launa, porque «no sabemos cuándo ni cómo va a cambiar su calificación de los hechos».

«Varias acusaciones -continuaron su queja por la confusión que, según ellos, reina ahora sobre el proceso- han dicho que van a hacer un ejercicio de depuración», en este caso revisando la cifra de accionistas que representan para distinguir los que aún no habrían sido resarcidos por el banco. «Otras están dispuestas a retirarse», añadieron los letrados de las defensas, «y algunas más van a dejar de ser acusaciones particulares para convertirse en actores civiles», esto es, solo reclamarían una indemnización y retirarían su petición de penas de cárcel.

Pero por si acaso su apelación al tribunal para que «ponga orden» en el estrado de las acusaciones no surtiera efecto, algunos abogados de exconsejeros -apoyados en parte por los representantes jurídicos de Bankia, su matriz y la auditora Deloitte- apelaron a la supuesta prescripción del delito de falsedad contable, bajo el argumento de que «nunca» se habría mencionado de forma expresa durante la investigación hasta mayo de 2016, más de cinco años después de que se pudiera haber cometido. Esta alegación, sin embargo, ya se dio en parte en la instrucción y las acusaciones populares esgrimieron que esa posibilidad sí estaba apuntada en la querella inicial del caso en 2012 y en algunas denuncias posteriores.

Además, algunas defensas se quejaron de estar sufriendo ahora una «instrucción suplementaria», en la medida que se estaban aportando nuevos documentos que podían afectar a la calificación de los hechos o su alcance. En este sentido criticaron directamente a la Fiscalía por aludir a un dictamen que apunta un supuesto trato de favor de Bankia a la compañía Mapfre en la venta del negocio conjunto de seguros que tenía con la firma británica Aviva, pues según sugiere el perito judicial Antonio Busquets podría estar encubriendo una presunta indemnización a la propia Mapfre por las pérdidas que sufrió con sus inversión inicial en acciones del banco.

Las sesiones del juicio de reanudarán el 8 de enero próximo, día en que la Audiencia Nacional dará respuesta a todas las cuestiones previas. Esa misma fecha, si no hay sorpresas, comenzaría el interrogatorio a los acusados, empezando por Rodrigo Rato, quien desde la primera sesión de la vista ha ido tomando algunas notas de lo que decían los abogados.