Centenares de empresas afectadas por la DANA, abocadas a un plan de reestructuración

Los planes de reestructuración son una herramienta previa a llegar al concurso de acreedores; de hecho, su objetivo es eludir el concurso evitando caer en la insolvencia o saliendo de ella. Por eso, puede ser tan interesante para empresas afectadas por la DANA que no van a poder hacer frente a sus deudas. La reestructuración permite modificar las condiciones o estructura del activo, el pasivo y los fondos propios de la sociedad. Lo habitual es que lo solicite el deudor, es decir, la empresa, pero también pueden pedirlo los acreedores o terceros con interés legítimo ante un estado de insolvencia probable, inminente o actual.

Empresas muy conocidas, como Telepizza, Pronovias o Celsa, han acudido a procesos de reestructuración, pero en realidad de los presentados desde que se puso en marcha este mecanismo (304 en 2023 y 280 entre enero y octubre de este año) la mayoría los han aplicado microempresas (un 40%del total de los planes) y pequeñas empresas (un 28%).

Cataluña y la Comunidad de Madrid acaparan casi la mitad de los planes de reestructuración presentados este año, con un 28% y un 19% respectivamente; les siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana, con un 14% cada una. El comercio y la industria son los sectores que más acuden a este proceso.

Para el economista forense Xavier Domènech, si estos planes se utilizan adecuadamente «los empresarios que se encuentren en un momento delicado podrán mantener con vida su negocio y no sucumbirán ante la temida liquidación». Sin embargo, esta vía de salida no es aún muy utilizada debido, entre otras cosas, a que los plazos de resolución «no son tan cortos como sería deseable y a que, una vez concluida la reestructuración con éxito, el empresario tendrá que buscar financiación corriente alternativa a sus proyectos, pues no le resultará fácil encontrarla en los canales tradicionales», señala Domènech.

Aparte de la vía de los planes de reestructuración, las pymes afectadas por la DANA pueden solicitar hasta el 31 de diciembre ayudas públicas directas que van desde los 10.000 a los 150.000 euros en función de la facturación de la empresa; por daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios se puede recibir una transferencia directa de hasta 36.896 euros. Y las que facturen menos de seis millones de euros anuales podrán suspender durante tres meses el pago de sus créditos y durante nueve meses más pagar solo intereses aplazando el principal, al tiempo que el ICO ya ha puesto en marcha una línea de avales para acceder a préstamos en mejores condiciones hasta diciembre de 2025.

Por otro lado, el 53% de las empresas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 9% de ellas asegura que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados, lo que supone cerca de 130.000 firmas, según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito impulsado por Crédito y Caución e Iberinform.

De acuerdo con este estudio, el 46% de las empresas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad que sufren. El retraso en los pagos de los clientes también provoca que el 22% del tejido empresarial registre un incremento de sus costes financieros, el 18% tiene que frenar su expansión comercial y el 14% se ve obligado a limitar nuevas inversiones.