Autónomos y pymes gastan entre 1.400 y 40.000 euros al año en trámites administrativos

Un informe elaborado por N&B Profesionales Asociados para Cajaviva Caja Rural y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) revela que un autónomo sin empleados debe afrontar un coste mínimo anual de de 1.400 euros, casi 120 euros al mes, y dedicar unas 250 horas para hacer frente a las cargas administrativas. Para una mercantil pyme con entre 10 y 50 empleados, el gasto sería de 40.000 euros anuales y más de 100.000 euros para las medianas empresas.

El director de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, ha asegura que hay más de 120.000 leyes en vigor en España y ha añadido que se rellenan más de 700.000 páginas cada año solo con el contenido de los boletines oficiales de las distintas administraciones. En la Unión Europea, tampoco escasean y ha generado 40.000 normas jurídicas desde el año 2000. Este exceso de regulación provoca «un impacto negativo muy significativo en productividad e innovación».

Déficit de competitividad

En este sentido, Sobremonte ha indicado que las cargas administrativas «generan déficit de competitividad y un sentimiento de indefensión y desmotivación en el empresariado». Entre otros ejemplos, ha puesto la normativa de bienestar animal que obligó a las granjas avícolas a aumentar el tamaño de las jaulas de las aves. Las jaulas más pequeñas y ya fuera de la normativa se exportaron a países más relajados en cuanto a este tipo de legislación. Países de los que España importa, más baratos, los productos avícolas que aquí no pueden producirse, sin que se aprecien diferencias de calidad en los mismos.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, ha anotado también la «inseguridad jurídica de las empresas» y que cada vez el administrado soporta más cargas, no para reducir desequilibrios sino porque la administración se las deriva. Además, ha subrayado que, en España, no se tiene en cuenta el tamaño de las empresas en este sentido, así que ha defendido el «principio de la proporcionalidad» para diferenciar entre las grandes y las pequeñas sociedades.

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