La CVE alerta a las pymes de los riesgos de carecer de un plan de prevención de delitos

Desde que en el mes de julio del año pasado entró en vigor la última reforma del Código Penal, las empresas están obligadas a adoptar planes de prevención contra posibles delitos y aquellas que carecen de uno «corren el riesgo de, incluso, desaparecer en caso de tener que afrontar las consecuencias de una responsabilidad de este tipo». La advertencia de la presidenta de la patronal vallisoletana, Ángela de Miguel, cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que «muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no son conscientes de lo que acarrean los últimos cambios normativos y desconocen la oligatoriedad de estar protegidos ante una de estas eventualidades».

Para dar a conocer estas novedades que llevan ya más de un año en vigor e informar a los afectados de que la puesta en marcha de un mecanismo de salvaguarda «no es caro», la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) ha organizado esta mañana, junto con la sociedad de garantía recíproca Iberaval y el despacho de abogado Arpa una jornada divulgativa sobre el Cumplimiento normativo y sistemas de supervisión y control en las empresas agroalimentarias.

«Ante un supuesto de acoso laboral, un accidente de trabajo, una cesión indebida de datos protegidos o un vertido medioambiental, todas las personas jurídicas deben acreditar que disponían de un programa de prevención si quieren quedar exentas de responsabilidad penal ha explicado Carlos González Cascos, director de Arpa Abogados, o de lo contrario el caso puede terminar con la imputación penal de los directivos o el empresario».

Lenta implantación

Pedro Pisonero, director general de Iberaval, ha recordado que «la ley obliga a todas las sociedades por lo que adoptar un sistema de protección se ha convertido en algo imprescindible para que la empresa quede exonerada penalmente y no se produzcan casos de responsabilidad patrimonial de los directivos». De Miguel ha añadido que además de guardarse las espaldas tras el cambio legislativo, la implementación de este mecanismo «activa la labor preventiva y ayuda a que los delitos no lleguen a cometerse».

En opinión de Pisonero, la difusión de lo cambios normativos «es un asunto muy relevante y técnicamente complejo no entre las empresas más grandes, que disponen de medios, sino entre las pequeñas e, incluso, las medianas». Entre las pymes de Castilla y León, ha explicado, «el índice de implantación de este tipo de medidas es relativo y de forma general se encuentra aún en una primera fase». Es por esto que la SGR se ha involucrado en una campaña de difusión y concienciación que en busca de una mayor efectividad lleva a cabo de manera sectorial.

«Protegerse de una responsabilidad penal ha añadido González Cascos no resulta costoso, ni tampoco la adopción del programa específico interfiere en la actividad normal de la empresa, que puede seguir desarrollándose sin interurpción».

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