El anterior dueño de Elgorriaga niega ante la juez las acusaciones de malversación

El anterior dueño de la empresa galletera Elgorriaga, José Andrés Fernández, ha negado hoy ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ávila haber cometido algún delito, tras ser acusado por la Junta de una supuesta malversación de ayudas públicas. Según ha explicado a los periodistas la presidenta del comité de empresa, Petri Palomo, el anterior dueño de la planta "ha ratificado que no había hecho nada", tal y como le ha señalado su abogado, que junto a los del resto de sindicatos y la Junta, ha asistido esta mañana a la declaración del anterior propietario.

Esta versión coincide con la de otros letrados, que han coincidido en que Fernández "lo ha negado todo" y ha atribuido lo sucedido a "un tema político de otras empresas frente a Elgorriaga", aunque no ha desarrollado posteriormente sus argumentos en este sentido. Tras una declaración que han calificado como "breve" y "escueta", José Andrés Fernández no ha querido realizar declaraciones en el exterior de las dependencias judiciales.

Hoy estaba previsto que los 75 trabajadores de la plantilla cobraran el 50% de la nómina del pasado febrero, el otro 50% lo recibirían el 27 de este mes y aún tendrían pendiente el 100% de su sueldo de marzo, informa Efe.

Los administradores judiciales de Elgorriaga se mantienen como hasta ahora tras la petición de cambio por parte de la Junta de Castilla y León al Juzgado de Instrucción número 1, ya que no los consideraba imparciales en este proceso.

Los administradores judiciales fueron nombrados a mediados del año pasado, después de que el Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, acusara a los dueños de la empresa de supuesta malversación de las ayudas públicas concedidas para reflotar Elgorriaga.

Esas sospechas hicieron que la citada consejería bloqueara las ayudas comprometidas, que fueron desbloqueadas con la llegada de los administradores judiciales.

Estos administradores fueron designados por la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila, después de que suspendiera provisionalmente de sus funciones al administrador único al observar indicios de un "posible delito de estafa", por el que José Andrés Fernández ha declarado hoy tras meses de aplazamientos.