Secciones
Servicios
Destacamos
Julio G. Calzada
Lunes, 17 de noviembre 2014, 19:08
¿Se imaginan al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que en medio de un discurso o a preguntas de los periodistas reclame de los afiliados al sindicato Unión General de Trabajadores o de los de Comisiones Obreras que apoyen a sus líderes en Castilla y León, Agustín Prieto y Ángel Hernández respectivamente? En el caso de la patronal así ha sido, el máximo responsable del Ejecutivo reclamó públicamente la semana pasada el apoyo para Santiago Aparicio a los dirigentes de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale). Aparicio, nombrado hace un año para sustituir a Jesús Terciado ha logrado la aprobación unánime de las cuentas de la organización empresarial, pero en el Ejecutivo de Castilla y León consideran que su posición es débil, sin capacidad decisoria, sin equipo, sin fondos. Tan débil que reclamarán al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Rosell, que imponga la cordura en la organización de Castilla y León y establezca un «interlocutor único» y una estructura que permita la continuidad en el trabajo del Diálogo Social, una de las características que en los últimos años han diferenciado a Castilla y León de comunidades sin tantos acuerdos entre Administración pública, las principales organizaciones empresariales y la representación patronal.
Sin estructura sectorial
«A diferencia de los sindicatos, donde las estructuras territoriales se mantienen al tiempo que han surgido otras de carácter sectorial, en Cecale la estructura es básicamente provincial y, como consecuencia de la crisis que ha sufrido en los últimos años por sus deudas se ha desmontado la escasa estructura regional que existía», lamentan desde el Gobierno que preside Herrera.
El despido de buena parte del personal con el que contaba la organización en su nivel autonómico hace que ahora, la patronal disponga casi en exclusiva de los profesionales que aportan las provincias. «Y así es muy difícil trabajar», afirman las fuentes. «Se pueden tener acuerdos prácticamente cerrados entre Ángel Hernández, Agustín Prieto y el presidente de Cecale, Santiago Aparicio y después, cuando se reúnen los encargados de rematarlo y llevarlo al papel resulta imposible porque alguno de los que envían desde Cecale se opone, desautoriza al presidente y además, como no hay continuidad en la asistencia, porque varía, hay cuestiones que no salen adelante», argumentan en el Ejecutivo regional. «Se han centrado en reducir la deuda que existía, en presentar unas cuentas saneadas, pero la consecuencia es que han desmontado la poca estructura con la que contaba Cecale», lamentan.
Representación cambiante
Y de nuevo el ejemplo son los sindicatos, donde los responsables sectoriales mantienen un diálogo permanente con la Administración regional «en cuestiones más allá de las laborales y que tienen más que ver con la política económica que queremos para esta autonomía», explican en la Junta. Y señalan un ejemplo, la Fundación Anclaje, en la que las organizaciones sindicales participan en la búsqueda de iniciativas que faciliten la continuidad de proyectos empresariales en la comunidad «y donde las dificultades están en la representación precisamente de los empresarios», resaltan. Y lo anterior afecta a lo más importante, la toma de decisiones, retrasada, demorada por las dificultades de la representación empresarial para enviar delegados con capacidad en la adopción de resoluciones.
La situación por la que atraviesa la organización patronal de Castilla y León genera en el Ejecutivo de la comunidad autónoma, así lo admiten fuentes de la institución, una sensación de fracaso similar a la que registró en el caso de las cajas de ahorro, entidades que apenas atendieron a los criterios de racionalidad que les pedían desde el Ejecutivo que lidera Juan Vicente Herrera (y así nos fue), reflexionan. «No atendieron a nuestras propuestas y el resultado ha sido que ya no hay cajas. Con Cecale ocurre algo parecido, desde hace tiempo rogamos que exista una estructura con la que se puedan atender cuestiones de política regional económica, pero no hemos conseguido que se atiendan nuestras sugerencias», aceptan en la Junta, desde donde se puntualiza que esta sensación nada tiene que ver con las últimas informaciones sobre posibles irregularidades en la época en la que estaba al frente de la patronal Jesús Terciado, cuya actuación revisará la Fiscalía.
La situación no es nueva, la critican desde hace años los sindicatos que no consiguen acuerdos globales para la región por falta de interlocutores al otro lado de la mesa. A esta crítica se une ahora también el Gobierno de Castilla y León, que sopesa cambiar la forma en la que ha atendido hasta ahora el problema y buscar soluciones a través de otras organizaciones, como Empresa Familiar de Castilla yLeón, que aúna a un centenar de grandes compañías de la comunidad, o los diferentes clúster como el de agroalimentación, el de automoción o de biotecnología y TIC.
Ayudas sin adjudicación
Y mientras, la Junta no tiene claro si en este ejercicio económico abonará la denominada subvención nominativa, una cantidad que el año pasado alcanzó un volumen de 1,3 millones de euros y que se destina al funcionamiento de la patronal de Castilla y León. «En 2013 esa cantidad se repartió entre las provincias, pero ahora piden a la Junta que la cifra se divida entre las organizaciones provinciales. Eso no es posible», expresaron.
La ayuda no ha salido de momento de las arcas de la Administración pública a la espera de que desde la organización empresarial se ofrezcan explicaciones suficientes.
«Esta comunidad necesita de una organización empresarial unida, no de nueve organizaciones provinciales, porque para éstas el interés principal es su propio territorio y no el ámbito regional», añaden en el Ejecutivo autonómico que para estos meses pretende lograr el acuerdo de sindicatos y empresarios al Plan de Impulso a la Economía y el Emprendimiento y que además, ha repartido recientemente una partida de 6,8 millones de euros por acuerdo del La Junta de Castilla y León aprobó este jueves una partida de 6,8 millones de euros 29 de octubre último a Cecale (3,43 millones) y a los sindicatos UGT y CCOO para financiar los programas de formación de trabajadores en la comunidad autónoma.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.