Los empresarios apelan a la seguridad jurídica ante el reto independentista

No obstante, aboga por afrontar "con la mayor urgencia posible" este problema político "de gran envergadura" para "que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica".

Su presidente, Juan Rosell, considera que en Cataluña hay un problema de "desafección muy importante" y apuesta por buscar una vía intermedia "entre la independencia y una sumisión total", así como por una reforma constitucional.

Al margen de opiniones personales, el principal miedo para la patronal es el posible impacto que, de continuar adelante, tendría la deriva secesionista en la confianza en el tejido empresarial e inversor, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), no cree que se haya producido deslocalización de empresas en Cataluña, aunque reconoce que "el mundo del dinero y los inversores son muy cobardes".

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaume Malet, ha asegurado en una entrevista con Efe que muchas empresas tienen planes de contingencia para cambiar la sede social, al tiempo que ve riesgo de ahuyentar inversiones empresariales, algo que "está pasando, aunque aún de forma minoritaria".

En la misma línea, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha considerado que, aunque las empresas preparen planes de contingencia, se trataría sólo de "cambios de domicilio" ya que "no se están preparando de manera efectiva movimientos".

Y es que, aunque "es altamente improbable" que Cataluña acabe separándose de España, algunos empresarios están haciendo planes y "tomarán decisiones" para reubicarse en otros países si se llegara a ese "escenario", ha asegurado el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que "cualquier tipo de veleidad independentista -que ha insistido, "no va a ocurrir"- tendría "un coste enorme desde el punto de vista de la prosperidad económica para la sociedad catalana y, por lo tanto, el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra".

La agencia de calificación Moody's advirtió esta misma semana sobre las consecuencias negativas para la economía catalana y española que tendría el proceso secesionista, un escenario que no cree que se vaya a producir y que sería irracional.

Los expertos calculan que una hipotética independencia de Cataluña tendría un impacto importante comercial y financiero y podría llevar a una caída del PIB de entre el 20 y el 30 %.