El efectivo se resiste a las tarjetas

Son muchas las teorías y análisis respecto al futuro de los euros y los billetes en un entorno cada vez más digitalizado. Pero la mera imposición de una medida tan drástica como hacer desaparecer el 'cash' puede tener efectos tan perversos como los que ha generado esa decisión en Suecia. Los pagos sin efectivo se han pasado tanto de frenada desde hace 15 años que su banco central ha iniciado la regulación de estos abonos antes de que se reduzcan por debajo de un nivel razonable.

En el país nórdico, con diez millones de habitantes y en el que alrededor de un millón de personas sufre la exclusión digital -de ellas, más de 300.000 son mayores de 65 años-, ya son muchos los comercios que no aceptan el pago con tarjeta. El 'cash free', 'tiendas libres de efectivo', se ha extendido desde que abrazara demasiado fuerte a la digitalización económica y financiera.

Porque nadie duda de las bondades del uso de tarjeta o de las compras 'online'. Pero pocos agentes reparan en las consecuencias de una excesiva dependencia en los pagos que no sean sin dinero en metálico: resistencia en caso de interrupciones, crisis y guerras; la capacidad de los mayores, quienes viven en zonas rurales, tienen minusvalías, inmigrantes o mujeres víctimas de violencia de género que no quieren dejar huella... El efectivo sirve de respiro. Tanto es así que el Gobierno sueco prepara una ley para intentar proteger su existencia. También condicionados por los efectos de una guerra con Rusia.

Lejos del peligro que constituye un conflicto bélico a la puerta de casa, y de la necesidad de tener reservada una parte del dinero en nuestras manos, el uso de billetes y monedas mantiene su fortín, aunque con muchos matices. Continúa siendo el medio de pago principal para los consumidores en sus compras físicas, aunque su frecuencia de uso diario (57%) disminuye respecto a 2023, según el 'Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2024' publicado por el Banco de España.

Además, ocho de cada diez españoles se muestra contrario a la desaparición del efectivo, un sentimiento especialmente fuerte entre los mayores (89%), quienes tienen menores ingresos (88%) o los usuarios habituales de efectivo, según la última 'Encuesta sobre accesibilidad y permanencia del dinero en efectivo' elaborada por GAD3 para la Plataforma Denaria.

El problema principal es que la dificultad de acceso al dinero físico ha alcanzado su nivel más elevado de la historia, especialmente entre las personas de mediana edad y los residentes en grandes municipios. Ante esta realidad, el 95% de la población apoya la instalación de cajeros en todos los municipios de cierto tamaño, mientras que otras iniciativas, como el servicio de distribución de efectivo en las oficinas de Correos es apoyado por un 70% de la población; e incluso que los comercios actúen como puntos de retirada, el denominado 'cashback', una opción que también cuenta con gran apoyo de los ciudadanos.

Para facilitar el acceso a los billetes, sobre todo por parte de la población financieramente más vulnerable, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto esta misma semana medidas para suplir la falta de cajeros automáticos en zonas rurales. Porque desde 2008, cuando comenzó la gran recesión tras la burbuja económica de la época, el 30% de los cajeros han desaparecido en España debido al cierre de oficinas bancarias y la digitalización del sector. «Los habitantes de las zonas rurales, las personas mayores y quienes tienen menos competencias digitales han sido los más afectados por la exclusión financiera», según Competencia.

Para atajar esos problemas, el organismo ha puesto en marcha acciones privadas como el 'Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca', firmado por las patronales bancarias, y medidas públicas, a través de expedientes de contratación, de ayudas o de prestaciones ofrecidas por empresas como Correos. En concreto, pide desarrollar una regulación específica de los servicios de 'cashback' y 'cash-in-shop' (recogida de dinero en las tiendas), para implantarlos como sistemas alternativos o complementarios a los cajeros automáticos.

En concreto, el 'cashback' -una operación muy habitual en países anglosajones- consiste en que un cliente que va a comprar en una tienda paga con su tarjeta (o aplicación), pero al mismo tiempo puede solicitar el cobro del producto más una cantidad. Esa cantidad adicional se le devolverá directamente en dinero. Por su parte, el 'cash-in-shop' no necesita vincular la retirada de efectivo a una compra. Y en la tienda puede solicitar retirar dinero a modo de cajero.

Por ello, Competencia quiere diseñar una solución de mercado que permita implementar ambas operativas mediante tarjetas de crédito o débito, compensando y liquidando las operaciones. Así, «el uso de tarjetas los convertiría en servicios más accesibles para los colectivos vulnerables o con menos habilidades».

Los ciudadanos viven una doble realidad. Por una parte, son conscientes de la necesidad de seguir teniendo dinero en sus bolsillos para poder afrontar cualquier tipo de abono. Pero por otra, cada vez realizan más pagos con sus tarjetas de crédito, incluso para cuantías menores. De hecho, la realidad ha cambiado tanto desde la pandemia -cuando se priorizaba el pago en terminales para evitar el contacto físico- que el importe medio por cada uso de las tarjetas se ha situado en 29 euros por operación, según el Banco de España. Esta cuantía simboliza la proliferación de los medios de pago electrónicos. Por primera vez en la historia, desde que existen datos oficiales al respecto, ese pago se ha situado por debajo de los 30 euros.

Aunque la totalidad de la población posee dinero en metálico frente a un 88% de los ciudadanos que tienen alguna tarjeta, el uso de monedas y billetes se mantiene por tres causas muy prácticas y comprensibles: la comodidad, la costumbre y el control de gastos.

Por ahora, el Banco de España no espera a corto plazo grandes cambios en el empleo del efectivo. Dos de cada tres encuestados por la institución considera que su uso será similar al actual dentro de un año, aunque esta percepción también varía según la edad. El 39% de los menores de 25 años considera que diminuirá. Entre los mayores de 64 años, sin embargo, solo un 13% da por hecho que pagará menos en metálico.