Mario Draghi llevaba razón. El presidente del Banco Central Europeo acaba de ganar la enésima batalla moral y legal a un ejército de juristas y economistas alemanes que habían puesto el grito en el cielo por su decisión, adoptada el 4 de marzo de 2015, ... de comprar deuda soberana en los mercados secundarios para combatir los riesgos de deflación. Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que todo fue correcto, que Draghi salvó el euro cumpliendo la ley.
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La jerga comunitaria y en especial la del BCE es una maraña indescifrable de siglas anglosajonas. Su programa de compra de activos (APP) está compuesto de cuatro subprogramas: el ideado para el sector público (PSPP); el de adquisiciones de deuda corporativa de las empresas no financieras (CSPP); el de cédulas hipotecarias o bonos garantizados (CBPP3) y el de titulizaciones (ABSPP). A 30 de noviembre, el balance es abrumador. En total, se han inyectado 2,56 billones, de los que 2,095 han sido adquisiciones de deuda pública, más de un 80% del total. Éste, el programa denominado APP, es el que Alemania había puesto en tela de juicio y el que el TJUE acaba de avalar.
Varios grupos de particulares interpusieron recursos de amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal alemán) sobre un ramillete de cuestiones: las decisiones del BCE; la participación del Banco Federal de Alemania en la ejecución de estas decisiones; la supuesta inactividad ante dichas decisiones o la presunta inactividad del Gobierno Federal y del Parlamento Federal ante esta participación y las citadas decisiones. Además de defender que el Eurobanco, con sede en Fráncfort, se había extralimitado en su mandato, denunciaban que se había «atentado contra la identidad constitucional alemana».
Lo que hizo el Bundesverfassungsgericht fue pasar la patata caliente al Tribunal de Luxemburgo y sus magistrados, hoy, se han vuelto a posicionar a favor de Draghi. «El programa PSPP no excede del mandato del BCE. Este programa se encuadra en el ámbito de la política monetaria –que es competencia exclusiva de la Unión respecto de los Estados miembros cuya moneda es el euro–, y respeta el principio de proporcionalidad», concluyen.
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