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La crisis de Muface, lejos de solucionarse, se agrava justo cuando finaliza el nuevo año y se está ya en tiempo de descuento. Tras el portazo de Adeslas a seguir proporcionando los servicios sanitarios a más de medio millón de funcionarios, ahora es una ... segunda aseguradora, DKV, la que se está planteado seriamente no presentarse a la nueva licitación lanzada por el Gobierno, con lo que dejaría de cubrir la sanidad de otros 200.000 empleados públicos que en la actualidad estaban suscritos a este seguro, así como a otros más de 8.000 que viven en el extranjero y a los que también les prestaba cobertura esta compañía alemana, según ha podido confirmar este periódico.
Desde la empresa admiten que en estos momentos «no se cumplen las condiciones» que exigió el consejero delegado, Fernando Campos. Aunque apuntan, a renglón seguido, que «dado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno» con su última propuesta, DKV está «analizando» en profundidad los pliegos y «haciendo cálculos». No es, por tanto, un 'no' definitivo, aunque la posibilidad de salirse del convenio con Muface está encima de la mesa.
De esta forma, el número de funcionarios que, en caso de confirmarse finalmente la negativa de DKV, se quedarán ya sin su actual modelo sanitario privado se elevaría por encima de los 700.000, casi la mitad del colectivo de mutualistas, y dos terceras partes de los empleados públicos que se decantan por el sistema de salud privado, puesto que hay más de medio millón de mutualistas que ya elegían la sanidad pública.
Así, de las tres compañías que actualmente prestan los servicios sanitarios a ese cerca de 1,6 millones de funcionarios y sus familias, es probable que sean ya dos, Adeslas más la alemana DKV, las que no continúen durante el periodo 2025-2027, con lo que deja en el aire la sanidad de 716.400 funcionarios, de los cuales 8.100 residen en el exterior, con datos a cierre de diciembre de 2023.
Falta también de saber qué decisión toma Asisa, la tercera aseguradora de Muface, con más de 363.000 funcionarios a su cargo; si finalmente acudirá al nuevo concurso aprobado por el Gobierno, que tuvo que convocar una segunda licitación tras quedar desierta la primera, un hecho insólito en los más de cuarenta años de historia de este modelo de salud, que surgió precisamente para descargar a una sanidad pública saturada. Esta compañía está estudiando aún el nuevo concierto aprobado por Muface, aunque avanzó a este periódico que lo ve con mejores ojos que el anterior.
El Ejecutivo, después del fracaso de la anterior licitación y las protestas y manifestaciones del colectivo, elevó un 33,5% el presupuesto, lo amplió a tres años (frente a los dos iniciales) e instauró un nuevo modelo de abonar primas en función del tramo de edad del mutualista, de forma que pagarán hasta diez veces más por un paciente mayor de 75 años que por un niño. Eran dos de las reivindicaciones de las compañías aseguradoras, pero el incremento que pedían se elevaba al 470% para salir de los números rojos y comenzar a ser rentable.
Quedan aún quince días para que finalice el plazo para suscribirse al concurso, que termina el próximo 15 de enero. Por el momento, hasta que se resuelva esta segunda licitación, el Gobierno ha decidido prorrogar el concierto actual durante un periodo máximo de tres meses y por un importe de 343 millones de euros. Las primas que pagará Muface a las aseguradoras durante estos tres meses serán las primas ofrecidas en el nuevo concierto para 2025, por lo que suben un 19,37% de media.
Desde Fedeca, el sindicato de los cuerpos superiores del Estado, mostraron este lunes su preocupación ante la posibilidad de que esta segunda licitación quede también desierta y suma a los funcionarios en una mayor incertidumbre, por lo que exigieron al Gobierno «actuar» para renovar el concierto y dar tranquilidad a los mutualistas.
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