El acuerdo para que el servicio de Cercanías catalán siga en Renfe frena la huelga

La protesta buscaba paralizar la circulación de cientos de trenes para reivindicar que la nueva empresa que se va a crear en Cataluña para gestionar Rodalies -que se encarga en esa comunidad de los servicios de Cercanías- tras el acuerdo entre el PSOE y ERC siga perteneciendo a Renfe, algo que según el departamento que dirige Óscar Puente finalmente se llevará a cabo a través de «una empresa mixta». El objetivo de las centrales era que los trabajadores no tuviera que cambiar de compañía, ni tampoco creciera el gasto público por duplicar la estructura.

También solicitaban que la línea R1 de Rodalies continuara integrada en Adif -la sociedad pública que gestiona la red ferroviaria y las estaciones- y, de esta forma, a la red europea, para que los trenes puedan seguir circulando sin problemas desde Cataluña al resto de España y Europa. Además, reclamaban formar parte de todas las negociaciones al respecto.

Según señaló el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, esa nueva sociedad mixta -denominada Rodalies de Catalunya- «se constituirá a lo largo del año» dentro del grupo estatal ferroviario y en ella tendrá el control accionarial Renfe con el 51%. No obstante, según matizaron fuentes ministeriales, la mayoría de representantes en su consejo de administración serían de la Generalitat catalana.

En virtud del acuerdo alcanzado entre Renfe y Adif con los sindicatos UGT, CC OO, SCF y Semaf (maquinistas), la Generalitat se ha comprometido a «formalizar» un contrato programa con Rodalies, «poniendo fin a la situación descabezada que veníamos sufriendo los últimos ocho años». Asimismo, la Administración catalana «se implicará en el ejercicio de las competencias que tiene transferidas» desde diciembre de 2009 y que «estaba en situación de dejación de funciones».

Las empresas ferroviarias y las centrales representativas de la plantilla también han convenido que en la nueva Rodalies se aplicará el convenio colectivo, el acuerdo de garantías y todos los compromisos laborales vigentes hoy en el Grupo Renfe. «Conscientes del gran malestar que producido el intento de incumplimiento de los acuerdos suscritos», todas las partes firmantes «confían» en «haber establecido un largo horizonte sobre los asuntos que motivaron la convocatoria de huelga».

Además de este mismo lunes, la serie de paros ya anulada incluía también los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. Las movilizaciones iban a suponer la cancelación de casi 1.400 trenes en los siete días de huelga.

Tras el anuncio sindical, el Ministerio de Transportes envió un comunicado firmado a medias con la Generalitat catalana en el que ponían en valor que «el acuerdo alcanzado surge del esfuerzo por aunar la legítima defensa de los derechos de las plantillas de Renfe y Adif, la prestación del servicio público ferroviario y el cumplimiento de los acuerdos». En todo caso, la propuesta finalmente acordada había sido pactada antes con Esquerra, pues precisamente este conflicto derivaba de los acuerdos entre PSOE y ERC para permitir la última investidura de Pedro Sánchez.

En este caso, la formación independentista ha aceptado «transitoriamente» que la empresa que capitanee el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat esté adscrita al grupo Renfe, según fuentes de Esquerra. Los mismos medios sostienen que si el Gobierno central tiene la mayoría del accionariado, la deuda de Renfe no la asumirá por ahora la Administración autonómica. Sin embargo, siguen defendiendo que el objetivo final es que «haya una empresa 100% catalana» que gestione las Cercanías ferroviarias.