El consejero de Empleo explicará cada año en las Cortes los acuerdos del Diálogo Social

Así consta en la proposición no de ley, firmada por todos los grupos de las Cortes, cuyo debate fue seguido desde la tribuna del hemiciclo por los representantes de los agentes sociales, en un texto que, según el 'popular' José Manuel Fernández Santiago, se avanza en una mayor transparencia y se implica también al resto de los vocales del Consejo del Diálogo Social para que puedan acudir a la Cámara con el mismo fin, según informa Ical.

El portavoz socialista, Luis Tudanca, expresó el reconocimiento al Diálogo Social como una seña de Castilla y León, recordó que su grupo quiso que tuviera el “máximo blindaje” en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2007 y apuntó a las iniciativas de su grupo a favor de la paz social ante crisis industriales. “Hoy queremos dar un paso más en la transparencia, los ciudadanos sabrán que es un instrumento útil”, aseveró. “Confio en que con esta medida avancemos en la cohesión y la paz social”, concluyó.

La portavoz de Empleo de Podemos, Adela Pascual, lamentó que la Junta prefiera concertar con los agentes económicos y sociales que con los partidos políticos y añadió que es una “curiosa forma de entender la democracia” al trasladar que las principales medidas se toman por consenso. Pascual subrayó que sindicatos y patronal no representan a los ciudadanos como los representantes elegidos en las urnas por los ciudadanos y estimó que algunos de los acuerdos inciden en la desigualdad, aunque apoyó las comparecencias.

Por su parte, Belén Rosado (Cs) se refirió al Diálogo Social como uno de los principios rectores recogidos en el Estatuto y calificó de “interesante” la comparecencia anual del consejero de Empleo para explicar los acuerdos y su seguimiento. “Necesitamos que los acuerdos que se firman se cumplan al cien por cien, no sólo al 80 por ciento”, indicó.

Finalmente, José Sarrión (IU) consideró que la PNL plantea que “se pueda hablar más” del Diálogo Social y los grupos tengan la libertad para llamar a los agentes sociales a las Cortes ante medidas que afectan a los ciudadanos, así como que los interlocutores de los sindicatos no sean sólo el Gobierno.