«En Colombia, afiliarse a un sindicato es perder el empleo»

–¿Cómo es actualmente el sindicalismo en Colombia?

–El movimiento sindical allá es muy débil cuantitativamente, porque solo representa al 3,7% de los 22 millones de trabajadores activos. Eso es absolutamente precario. Por una parte se debe a la violencia que se ha desarrollado contra el movimiento sindical y, por otra, por los sistemas educativos, que han hecho del joven un instrumento de lucha por lo individual y no por lo colectivo.

–¿Las acciones violentas afectan especialmente la CUT?

–Hay dos centrales más, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General del Trabajo, pero ambas son más débiles. Hay una política de exterminio de la dirigencia social, especialmente contra la CUT, que no ha cesado. Ahora que se desmovilizaron las FARC, y que se han dedicado a hacer política, se ha incrementado el asesinato de dirigentes sociales.

–¿Qué puede parar esta situación de violencia?

–De una parte, que los ojos del mundo no se aíslen de Colombia. La comunidad internacional ha hecho un gran aporte, exigiéndole al Gobierno de Colombia acciones reales y eficaces para proteger la vida de los sindicalistas. Dentro de esas instituciones están Comisiones Obreras y la UGT, tanto que en España hay un número importante de dirigentes sindicales exiliados. Estas organizaciones han exigido que se proteja el derecho a la asociación y a la libertad sindical, que está puesta en grave peligro. Además, existe otra política del sector empresarial, con anuencia del Gobierno, de evitar los sindicatos en sus centros de trabajo. En Colombia, buscar la afiliación a un sindicato es perder el empleo, se castiga así. Los empresarios no aceptan los sindicatos e imponen los pactos colectivos. Es una forma de hacerle paralelismo a la negociación colectiva.

–En esta situación, ¿es posible defender los derechos de los trabajadores?

–Es muy difícil, porque en la actualidad, el Ministerio del Trabajo está en manos de los empleadores y no tenemos ninguna garantía. El otro inconveniente que existe es la morosidad en los resultados que se esperan de las quejas que se presenten ante la Organización Internacional del Trabajo. Si tenemos un conflicto grave y presentamos una queja, tiene un curso de uno o dos años. Cuando sale la recomendación, los trabajadores ya están despedidos. Otro problema grave que tenemos es la judicialización de las relaciones laborales. Los empresarios ya no negocian con los sindicatos, sino que le trasladan sus problemas a su equipo jurídico y ellos se encargan en los juzgados de desarrollar todas las acciones a las que haya lugar para ganar. Los sindicatos viven a la defensiva en los juzgados.

–Están conociendo ahora el diálogo social a tres bandas que se practica en Castilla y León. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención?

–Nosotros valoramos mucho ese modelo que se ha instaurado en Castilla y León en base a ese diálogo social preestablecido con criterio tripartito, y que se puede mostrar como ejemplo ante el mundo. Es precisamente lo que nosotros reclamamos también en nuestros países. Por eso mismo estamos acá, para conocer esa experiencia y para procurar replicarla en nuestros países. A partir de esta experiencia que se está dando aquí, que es exitosa, nosotros como CUT estamos trabajando en un proyecto de ley para ver si se logra una reforma educativa que incorpore la cátedra sobre Sindicalismo y Diálogo Social en la educación pública y privada. Por ejemplo, en las carreras de Economía, de Administración o de Derecho es evidente que la cátedra sobre sindicalismo es clave.

–¿Tienen esperanzas de que se apruebe esta ley?

–Hay que trabajarlo duro, pero lo importante es empezar. No creemos que vaya a ser muy bien acogida, porque el establecimiento tiene muy claro que no es conveniente para sus intereses de explotación capitalista, pero hay que dar la batalla para que se logre.