AFP

Bruselas lleva a España ante el TJUE por no transponer la directiva sobre préstamos dudosos

Apremia al país a que incluya en su normativa nacional las normas europeas para acelerar permisos para proyectos de energías renovables

Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:52

La Comisión Europea ha decidido llevar a España y a otros seis países ante la Justicia europea este miércoles por no transponer la directiva sobre préstamos dudosos. Esta norma comunitaria tiene como objetivo fomentar el desarrollo de un mercado secundario que funcione correctamente para este ... tipo de créditos, mediante normas para la autorización y supervisión de los compradores y administradores de créditos. El país debía transponer la directiva antes del 29 de diciembre de 2023 y al considerar que los esfuerzos de las autoridades son «insuficientes», Bruselas ha elevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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Más concretamente, la normativa europea proporciona una serie de criterios armonizados que permite a los administradores de crédito comercializar préstamos dudosos a nivel transfronterizo. En paralelo, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a España y a otros cuatro países para que transponga las enmiendas a la directiva sobre Recuperación y Resolución bancaria, que se refiere al tratamiento prudencial de las instituciones globales de importancia sistémica y a la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de los grupos bancarios, y que garantizan la alineación con los estándares europeos. España tendrá ahora dos meses para responder a Bruselas y tomar las medidas necesarias, si no lo hace, la Comisión podría llevar el caso al TJUE.

También este miércoles, la Comisión ha apremiado a España y otros seis países, entre ellos Bulgaria, Francia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovaquia y Suecia, a que transponga las normas europeas para acelerar permisos para proyectos de energías renovables. Esta ley incluye un tiempo límite claro para ofrecer permisos a tecnologías o proyectos específicos. La fecha límite para la transposición de esta normativa era el 1 de julio de 2024 y, tras examinar las respuestas de los países que no cumplieron el plazo, Bruselas ha emitido una carta formal a España. El país tiene ahora dos meses para responder a la Comisión Europea.

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