El Banco de España reclama más impuestos para avanzar en la transición ecológica

Esupervisor recalca que son las políticas públicas, especialmente en materia fiscal y en el ámbito de la regulación de la actividad económica, las que deben desempeñar «un papel protagonista» en la transición ecológica. Así lo indica en un capítulo sobre cambio climático contenido en su Informe Anual, el

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado que el principal instrumento que deben utilizar los gobiernos es la imposición medioambiental, un campo en el que España tiene «mucho recorrido», al encontrarse en el grupo de economías de la UE-27 en las con menor recaudación relativa de la fiscalidad medioambiental, con una brecha de casi un punto porcentual frente a la media durante las últimas dos décadas. En 2019, el diferencial negativo de España fue de 0,8 puntos, debido, en un 67%, a los menores impuestos sobre la energía y, en particular, sobre los hidrocarburos.

«La fiscalidad medioambiental es clave para la transición ecológica. Hay que avanzar en este terreno, hay que rediseñar y optimizar la fiscalidad medioambiental», ha insistido Gavilán, quien ha apuntado que el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria publicado el pasado mes de marzo es un punto de partida para valorar una posible revisión integral de la fiscalidad medioambiental en España.

Según Gavilán, una mayor recaudación medioambiental podría permitir reducir las distorsiones impositivas que generan otros impuestos en la economía. «Si al tiempo que aumentas la fiscalidad medioambiental, que te permite una mayor recaudación, reduces los impuestos al trabajo, que son muy distorsionadores, puedes llegar a tener un impacto positivo sobre la actividad», ha explicado el director general de Economía y Estadística.

Este mensaje de incrementar la recaudación fiscal por la vía 'verde' ya la lleva trabajando el Gobierno desde hace varios años, aunque aún no ha tomado medidas concretas y generalizadas al respecto. Una de esas medidas es el incremento del precio del diésel para equipararlo tributariamente con la gasolina. Ahora, el Impuesto de Hidrocarburos que se aplica al gasóil es hasta diez céntimos de euro inferior a la gasolina, aunque su precio en el mercado internacional ha elevado su coste en las últimas semanas.

Por otra parte, el informe de los expertos fiscales encargado por Hacienda abogaba por incrementar los impuestos al transporte entre los que se incluye la compra y tenencia de vehículos; a la aviación por el uso de combustibles contaminantes; una reconversión del impuesto de matriculación y circulación, y otras figuras similares. En cualquier caso, ante la actual situación de crisis por la guerra en Ucrania, Hacienda ya ha anticipado no va a poner en marcha estas medidas, que han quedado aparcadas.

La última iniciativa que sí ha salido adelante es el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

Por otro lado, el Banco de España ha advertido de que el impacto de los riesgos físicos y de transición, con el previsiblemente incremento en el precio de los bienes y servicios más contaminantes, será más acusado sobre los hogares con menor nivel de renta, aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 45 años, los que residen en zonas rurales, los que tienen un menor nivel educativo y los que presentan un mayor número de miembros.

En cuanto a las empresas, si aumentase el precio de los derechos de emisión de forma similar a los últimos años (de 25 euros a 100 euros por tonelada de CO2 entre 2019 y febrero de 2022), los sectores más afectados, tras los energéticos, serían otros productos minerales no metálicos, el transporte aéreo y el papel.

Si además a ello se añadiese una generalización de la cobertura del sistema, por detrás de los energéticos se verían más afectados el sector de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) y el de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, las empresas de menor tamaño se verían más afectadas que las más grandes.

El Banco de España cree que sería conveniente que las políticas públicas articulasen mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares y empresas más vulnerables. «Por motivos de equidad, porque no tienen culpa y deberíamos ayudarles a que en el corto plazo esa transición sea más duradera, y por motivos de eficiencia, porque si los grupos más afectados por la transición ecológica no apoyan este proceso, no se va a llegar a producir o no lo va a hacer con la velocidad e intensidad necesaria para que sea eficiente», ha advertido Gavilán.

En este contexto, el Banco de España indica que parte del aumento de la recaudación derivada de una mayor fiscalidad medioambiental podría destinarse a desplegar medidas compensatorias que redujeran los costes de la transición ecológica para los hogares y empresas más vulnerables.

Además de desincentivar las actividades medioambientalmente más dañinas a través de la imposición medioambiental, el Banco de España ha resaltado que la política fiscal también debe desempeñar un papel fundamental en el impulso del cuantioso volumen de inversiones que son necesarias para facilitar la transición y ve «deseable» fomentar también la inversión privada en tecnologías verdes mediante subvenciones.

El supervisor también propone intervenciones de las autoridades públicas en el ámbito de la regulación para impulsar la transición ecológica, como las iniciativas que establecen objetivos de calidad del aire, las normas de rendimiento energético en la promoción y renovación de edificios, las normas que exigen ciertos estándares en la fabricación de automóviles y los objetivos de penetración de fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica.

En cualquier caso, en este contexto de un proceso de transformación estructural «extraordinariamente incierto», el Banco de España ve imprescindible que las políticas públicas proporcionen «certidumbre» a los distintos agentes económicos y favorezcan un marco operativo estable en el que estos puedan adoptar sus decisiones de consumo, inversión y producción con las máximas garantías.