Los voluntarios para acogerse al ERE de CaixaBank exceden la cifra acordada

Esta tendencia de «dejarlo para el final» se justifica esta vez por las dudas fiscales, ya que es la primera vez que se acuerda que la indemnización pueda percibirse de manera fraccionada y los trabajadores se están tomando tiempo para informarse de las implicaciones de esta modalidad.

En el marco de su Plan Estratégico 2019-2021, el pasado 8 de mayo CaixaBank suscribió un acuerdo con la representación sindical (a excepción de CC.OO.) por el que los trabajadores se verán afectados por un plan de hasta 2.023 extinciones indemnizadas al que pueden adherirse de manera voluntaria hasta este martes.

Aunque hasta el momento se han apuntado más empleados que salidas previstas y todavía quedan dos días de margen para que más personas lo hagan, el acuerdo suscrito contempla un número determinado de bajas en cada provincia, por lo que muchas solicitudes podrían ser rechazadas, aunque hay cierto margen de maniobra para hacer modificaciones.

Es el caso de provincias como Cádiz, en las que el «chorro de peticionarios» supera con creces las 32 salidas que contempla el acuerdo.

Los sindicatos indican que alrededor de 30 provincias han cubierto su cupo de salidas voluntarias y que el resto de regiones está cerca de alcanzar el suyo, aunque, según fuentes sindicales, habrá que esperar a que el plazo se cierre y la entidad comunique las bajas que acepta o rechaza, por lo que los cálculos son preliminares.

Por ejemplo, entre las regiones que faltan, destaca Madrid, que va más retrasada, y aún no ha alcanzado las 457 establecidas en el acuerdo.

CaixaBank se reserva el derecho de aceptar o no las peticiones y contestará a todas las solicitudes el próximo 21 de junio. Además, será ella la que determine la fecha concreta de extinción del contrato de trabajo de cada empleado afectado. Según comunicó la entidad, el 60% de las extinciones (unos 1.214 empleos) saldrán del banco este año, mientras que el resto lo hará en el segundo semestre de 2020.

Las fuentes sindicales consultadas por Europa Press han afirmado que la adhesión «va a buen ritmo» y en línea con lo experimentado en EREs anteriores. «Hay suficiente demanda, la dificultad está en los cupos por provincia», han explicado.

Antes de que CaixaBank comunique a los empleados si sus solicitudes han sido o no aceptadas, la dirección y los sindicatos se reunirán el próximo 13 de junio para buscar márgenes y cerrar flecos sobre otros asuntos contemplados en el ERE como la reclasificación de oficinas.

El acuerdo suscrito el pasado 8 de mayo implica un máximo de 2.023 salidas voluntarias y divide a los empleados en tres grupos: colectivo A (nacidos en 1965 y años anteriores), colectivo B (nacidos en 1966 y 1967) y colectivo C (nacidos en 1968 y posteriores).

Los trabajadores del colectivo A recibirán una indemnización bruta equivalente al 57% del salario regulador hasta los 63 años, que podrá ser percibida en un único pago o de manera fraccionada. En el segundo caso, recibirán 18.000 euros brutos adicionales (nacidos en 1962 o antes), 23.000 euros (nacidos en 1963) o 28.000 euros (nacidos en 1964 y 1965).

Por su parte, el colectivo B percibirá una indemnización del 57% del salario regulador, a la que se sumarán 38.000 euros brutos si decide percibirla fraccionada.

Para el resto de trabajadores (colectivo C) la indemnización bruta será la equivalente a 45 días de salario regulador por año de trabajo, con un tope de 42 mensualidades y un mínimo de 36. Dentro de este grupo, los nacidos entre 1968 y 1970 podrán optar por percibir la indemnización en un único pago o en abonos mensuales durante ocho años. En el último supuesto se añadirá una indemnización adicional de 13.000 euros brutos para aquellos con antigüedad menor a 10 años y de 23.000 euros a los que cuenten con una antigüedad mayor.

CaixaBank prevé que las cuentas financieras del segundo trimestre se vean impactadas por un cargo estimado en unos 890 millones de euros antes de impuestos derivado del ERE. Suponiendo que la adhesión sea del 100%, la entidad calcula que las extinciones le generarán ahorros anuales de aproximadamente 190 millones de euros antes de impuestos.