La política embarra la opa BBVA-Sabadell

Una frase relativamente corta que desde un punto de vista político lo tiene casi todo. La situación: «preocupación»; el mensaje: «hemos hecho llegar al Gobierno de España que no nos gustaría»; y la advertencia: «destrucción».

Días después, la suerte de 'lobby' negacionista catalán creado en torno a la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA para hacerse con al menos el 50,01% del Banco Sababell se anotaba su primera gran victoria al conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acordaba llevar a 'Fase 2' su análisis de una operación que ha desatado una auténtica tormenta política en España desde el mismo momento en que se filtró el 30 de abril, en plena campaña de las elecciones catalanas. Si alguien buscaba 'cargarse' la operación, el momento era idóneo.

El asunto irrumpió de lleno en los mítines, con el independentismo blandiendo la bandera del 'no pasarán' y obligando al PSC a ponerse detrás de la pancarta en la que también estaban situados los grandes empresarios. Y claro, quien dice PSC, dice Moncloa, porque no podemos olvidar que Pedro Sánchez se jugaba muchísimo en unos comicios en los que situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat suponía, 'de facto', el principio del fin del 'procés' y, por ende, el éxito de la estrategia de reconciliación abanderada por el líder del PSOE.

Viendo que el consejo del Sabadell apostaba por rechazar la oferta amistosa, la cúpula del banco vasco, lejos de recular, decidió presentar formalmente una opa hostil el 9 de mayo, a sólo tres días de las urnas. Fue entonces cuando el Gobierno español, por boca de su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comenzó a elevar el tono posicionándose en contra de la operación sin contemplaciones argumentando los problemas competitivos que podrían derivarse de la operación.

Conviene recordar todo este relato para entender mejor qué es lo que está sucediendo y, sobre todo, qué es lo que puede ocurrir en un futuro. ¿Significa esto que la CNMC, un organismo que lleva a gala su independencia, ha seguido directrices políticas para llevar su trabajo a 'Fase 2'? No. ¿Significa esto que viendo la enorme presión política que existe en torno a la opa, sobre todo en Cataluña, ha apostado por extremar al máximo su análisis para cubrirse las espaldas? Quizá.

BBVA, desde un punto de vista estrictamente técnico, siempre ha considerado que Competencia debía dar su plácet en 'Fase 1' incluyendo, eso sí, condicionantes más que salvables. Sin embargo, según iban pasando los meses y viendo que todo el proceso se estaba dilatando mucho más de lo habitual, activar la 'Fase 2' era algo más que predecible. Así ha sido.

Y, ahora, ¿qué? La 'Fase 2' significa que todo el mundo que pueda sentirse perjudicado por esta opa puede presentar sus alegaciones ante Competencia. También, por supuesto, las comunidades autónomas afectadas, que en este caso serían Cataluña, sobre todo, Comunidad Valenciana y Asturias. Es decir, la política pasa un primerísimo nivel... si es que alguna vez no lo ha estado.

La 'Fase 2' significa tiempo, burocracia y ruido, mucho ruido. Y en este tipo de operaciones, son variables decisivas. La pelota sigue en el tejado de la CNMC, pero es que llegará el momento, ya avanzado 2025, en el que el Gobierno central deberá posicionarse ya de forma oficial sobre la opa. Es verdad que no puede vetarla si finalmente recibe todos los plácets técnicos (como parece que pasará) y los accionistas del Sabadell, auténticos protagonistas de este proceso, deciden vender sus títulos al banco vasco. Lo que sí puede hacer el Gobierno es vetar la fusión, de forma que BBVA tendría mayoría accionarial en el Sabadell pero en la práctica serían dos bancos diferentes. Es, sin duda, el peor escenario para ambas entidades.

¿Qué sucederá? La España política transita a velocidad de vértigo y predecir cómo evolucionarán los acontecimientos es misión imposible. Pedro Sánchez asegura que habrá Gobierno hasta 2027. Si es así, seguirá dependiendo de Junts y ERC, partidos que rechazan frontalmente la opa. En este escenario, no parece complicado barruntar qué decidiría Moncloa...