El Gobierno aplicará el impuesto a la banca sobre intereses y comisiones sin actuar en sus beneficios

De esta forma, según apuntan fuentes del Gobierno, el nuevo impuesto descarta actuar sobre el resultado neto que obtenga cada entidad en su cuenta de resultados. De haber ido por ese camino, Hacienda era consciente de la dificultad de determinar legalmente qué es un beneficio extraordinario y dónde fijar el límite a partir del cual gravarlo. Por lo que ha optado el departamento dirigido por María Jesús Montero es por aplicarlo sobre diversos conceptos que se encuentran más definidos en esas cuentas de resultados, que precisamente estos días están presentando la banca. Este mismo jueves, Banco Santander y Banco Sabadell rinden cuentas ante el mercado y presentan sus resultados referidos al primer semestre, con los que se prevé un incremento de las ganancias derivadas de las alzas de tipos de interés que vive el sector en las últimas semanas. Un informe de UBS considera que por cada 0,25 puntos que suba el euríbor, los bancos españoles pueden ganar hasta un 10% más. En lo que va de año, el indicador hipotecario ha pasado del -0,5% a situarse en el entorno del 1%.

La inspiración de este tributo extraordinario para hacer frente a la inflación, único en Europa por ahora junto al de Hungría, se encuentra en la Financial Activity Tax (FAT), un tributo que propuso el FMI en el G20 en la anterior crisis financiera para que la banca asumiera el coste de los rescates. Era una especie de 'IVA' al sector financiero, donde no se aplica este tributo.

La otra gran cuestión de la norma, que será presentada este jueves en el Registro del Congreso por parte de los dos grupos parlamentarios que sostiene al Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) pasa por la vigilancia que se establece para evitar que la banca traslade el impuesto a los clientes. Para ello, el texto legal incluya una métrica con la media histórica de esas comisiones y esos intereses, para evitar que las entidades los aumenten en la medida que lo haga el impuesto una vez comience a aplicarse el próximo 1 de enero.

En cualquier caso, esa labor de vigilancia se encomienda a los dos organismos supervisores de cada sector. En el caso bancario, será el Banco de España el encargado de evitar esa repercusión al cliente final. Y en el caso de las eléctricas, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un extremo que ya había anticipado la ministra de Hacienda.

Tampoco incluye la posibilidad de modificar el Código Penal para aplicar penas de cárcel a las entidades que trasladen el impuesto a sus clientes, como había pedido Unidas Podemos. El impuesto estará en vigor dos años, y una reforma del Código Penal implicaría un cambio de una ley orgánica.

Lo que no parece que hará el Gobierno será negociar con entidades o eléctricas. Sí recibirá las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios para incluir las modificaciones que vea pertinentes a lo largo de los próximos meses para que antes de fin de año esté aprobado y listo para su puesta en marcha.