Multa de 91 millones a cuatro bancos por pactar las condiciones de un crédito

La resolución dictada por este organismo considera que las cuatro entidades «se ponían de acuerdo» antes de realizar una oferta a la compañía afectada –Inversiones Empresariales Vapat– para fijar unas condiciones del préstamo que, en realidad, se encontraban «alejadas» de las que se habían comprometido a proporcionar. Por esta «infracción muy grave», CaixaBank tendrá que pagar 31,8 millones de euros; Santander 23,9 millones; BBVA, 19,8 millones; y Sabadell, 15,5 millones.

El caso recuerda a algunas de las características del conflicto derivado de las cláusulas suelo, una limitación en los tipos de interés que fueron comercializados sin la transparencia suficiente como para que el cliente se percatara de que lo que estaba firmando podía jugar en su contra, como finalmente ocurrió en muchos casos. En esta ocasión, el organismo público considera que los bancos ofrecieron unas condiciones «adulteradas» con las que jugaron «en clara ventaja» y «a espaldas» de la propia compañía que había solicitado ese crédito.

Hace tres años, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició el análisis de la denuncia presentada por Vapat después de que la empresa se percatara de que se estaba viendo perjudicada por las coberturas de intereses fijadas en el contrato. Este tipo de herramientas financieras suelen ser necesarias en los créditos sindicados para proteger a ambas partes ante subidas o descensos de los tipos de forma brusca. El problema de este caso es que, según el organismo, las cuatro entidades habían «impuesto condiciones perjudiciales» para el cliente, ya que éste «ignoró completamente la concertación previa» de estos bancos.

Se trata de conductas contrarias a la transparencia, que revelan «un falseamiento de la competencia». La banca dio a la empresa la imagen de autonomía, a la hora de ofrecerle estas coberturas que prácticamente convergían en sus condiciones, cuando en realidad habrían pactado por detrás los términos de ese contrato de forma «ilícita».

Las entidades afectadas tienen la intención de recurrir esta multa, según apuntan fuentes del sector. En Santander consideran que su actuación en este caso «es correcta y adecuada a los estándares del mercado en este tipo de financiaciones», según los criterios del Banco de España. Por su parte, BBVA cree que la sanción, en una primera lectura, es «jurídicamente errónea» porque «no ha valorado adecuadamente el contexto del mercado de financiación sindicada».

A raíz de este caso, el regulador admite que tuvo acceso a documentación aportada por otras 22 empresas en relación con 43 operaciones de derivados asociados a créditos sindicatos contratados entre 2006 y 2016 para lo que el mercado entiende como ‘project finance’.

Aunque la cuantía es relevante, esta multa a la banca no es la más elevada que se ha impuesto por el regulador en su historia. Entre otras, destaca la sanción de 171 millones al sector del automóvil en 2015.