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El porcentaje de personas que acceden a los servicios bancarios a través del canal ‘on-line’ se ha duplicado entre los años 2008 y 2015, al pasar del 19% al 39,9%. A través de este sistema, un usuario puede realizar todo tipo de operaciones financieras con su entidad bancaria, siempre y cuando disponga de un ordenador o teléfono inteligente y conexión a Internet. No obstante, sigue siendo mayoritario el porcentaje de población que no utiliza la banca ‘on-line’ o que solo lo hace en ocasiones. En muchos casos, los clientes prefieren acudir a una sucursal física para abrir una cuenta, ingresar o extraer dinero, realizar transferencias u otro tipo de operaciones. Pero no todo el mundo tiene una oficina cerca de casa. De hecho, no todo el mundo dispone de una sucursal en el municipio donde vive.
La red de oficinas bancarias alcanzó su máximo desarrollo en España en el año 2008, justo al inicio de la crisis, con más de 45.000 sucursales por toda la geografía española. Desde entonces hasta el año 2015 la red de oficinas de entidades de depósito cayó el 32% en el conjunto nacional, según un estudio publicado en la revista ‘Mediterráneo Económico’, editada por Cajamar. Tal es el ajuste, señala el informe, que el número de oficinas existentes en ese año es similar a la de 1983, más de 30 años antes. Sin embargo, esta caída ha sido desigual a escala provincial, ya que la reducción oscila entre el 9,4% en Cuenca y el 42% en Castellón y Barcelona. En Castilla y León también existen diferencias, entre el 22,5% observado en León y el 37% en Ávila.
En el año 2015 había en España 8.117 municipios en los que residían 46,6 millones de personas. En el 48% de estas localidades –en las que vivía el 2,4% de la población– no había ninguna oficina bancaria. En concreto, son 1,12 millones de personas sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio de residencia. El escaso tamaño de la mayoría de estas poblaciones supone que, aunque en número sean casi la mitad de los municipios españoles, en ellos viva solo una pequeña parte de la población. En el año 2008, el 44% de los municipios, en los que vivía el 2% de la población, no tenía ninguna sucursal, siempre según el estudio ‘El acceso a los servicios bancarios en España: el impacto de la reducción del número de oficinas’.
En Castilla y León, 363.465 personas residen en uno de los 1.731 municipios que carecen de sucursales bancarias, según datos del año 2015, el más recientemente analizado. A pesar de ser la sexta comunidad de España en número de habitantes, es en la que más personas hay sin acceso a una oficina, seguida de Cataluña, con 228.854 habitantes en esta situación. Además, es también la región donde mayor es tanto el porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria como la proporción de municipios, sobre el total, sin ninguna sucursal. En el 77% de los municipios de Castilla y León no existe ninguna oficina bancaria, seguida en la distancia por Aragón, donde este porcentaje es del 56,5%. Baleares es la comunidad donde esta proporción es menor, del 1,5%.
Si nos fijamos en el porcentaje de habitantes que viven en estos municipios sin sede de ninguna entidad de depósito, la diferencia es aún mayor. Por detrás de Castilla y León, donde el porcentaje es del 14,7%, se sitúa Navarra, con una proporción del 7,9%, prácticamente la mitad. En este caso, hay comunidades, como Baleares y Murcia, en las que el porcentaje de población sin acceso a sucursales bancarias representa el 0,0% (en ambos casos tan solo hay un municipio sin oficina, de 336 habitantes en el caso de Baleares y de 504 en el de Murcia).
Pero bajemos al nivel provincial. Nos encontramos con que, si ordenamos las provincias empezando por aquella en la que mayor porcentaje de población carece de una oficina bancaria en su lugar de residencia, las ocho primeras son de Castilla y León. Segovia, con el 22,5% de los habitantes sin acceso a una oficina bancaria, es la que tiene un volumen más alto. En Ávila la proporción es del 20,7% y en las otras seis la cifra es superior al 12%. Valladolid, con el 6,1% de los habitantes residiendo en poblaciones sin sucursales, es la única provincia de la región que no está entre las menos atendidas de España (de hecho, se sitúa en el puesto 19).
Vayamos no al número de habitantes sino al de municipios. En este caso, ordenando las provincias del mismo modo que antes, observamos que las nueve provincias de la comunidad se encuentran entre las diez españolas con mayor número de municipios desatendidos, con porcentajes que oscilan entre el 83,5% que representan los pueblos abulenses que no tienen ninguna oficina y el 62,1% de los de León.
Solo Guadalajara, con un 78,5% de municipios sin sucursales, se cuela con las provincias castellanas y leonesas entre las diez menos atendidas. Si hablamos de términos absolutos en lugar de porcentajes, se observa que León es la segunda provincia española, solo levemente por detrás de Barcelona, con más personas sin acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la provincia de Barcelona tiene 11,5 veces más habitantes que León.
Esto no siempre ha sido así. En Castilla y León, aunque tradicionalmente ha contado con muchos municipios sin oficina bancaria, el porcentaje de habitantes sin acceso a ninguna ha pasado del 13,4% en el año 2008 al 14,7% en 2015, es decir, el número de habitantes que residen en poblaciones sin sucursal bancaria ha aumentado el 9,7% en ese periodo de tiempo. Es cierto que la comunidad, por su distribución, tiene muchos municipios –casi un tercio de todos los que hay en el territorio nacional– y muy pequeños, mientras que otras comunidades se dividen en menos localidades con más población. En el año 2008, al inicio de la crisis, el 72% de los municipios de Castilla y León carecían de oficina bancaria y el 13,4% de sus habitantes, de acceso a ella. Cifras, en cualquier caso, más bajas que las que luego se verían en 2015. Ya antes de la reestructuración bancaria Castilla y León era la comunidad con mayor porcentaje de municipios sin oficinas bancarias y mayor porcentaje de población sin acceso, aunque a escala provincial no destacaban tanto las castellanas y leonesas como en 2015.
Para empezar, la provincia con más municipios sin oficina sobre el total era Guadalajara, con el 80,2% sin acceso, seguida de cerca de Palencia, con el 80,1%. Además, Cuenca y Teruel también aparecían entre las provincias españolas con menor acceso de los municipios a las oficinas bancarias. En cuanto a población, solo las seis con mayor número de habitantes sin acceso eran castellanas y leonesas, y no las ocho primeras, como luego serían en 2015.
Entre los años 2008 y 2015, 191.774 españoles perdieron el acceso a una oficina bancaria en los 328 municipios menos con sucursales abiertas a nivel nacional. En Castilla y León había 96 pueblos más que al inicio de la crisis sin sucursal bancaria, algo que afectó a 20.215 personas. En número de municipios, Castilla y León es la comunidad que más sucursales ha perdido. En número de personas, la cuarta, por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
En algunas provincias ha disminuido la población sin acceso a una oficina en su lugar de residencia, en ocasiones, no porque el número de municipios sin oficinas haya disminuido, sino porque esos municipios han perdido población. Es el caso de Salamanca, que tiene dos pueblos más sin oficina pero 3.453 habitantes menos sin acceso a ella, y Zamora, que tiene un pueblo menos sin sucursal pero 5.059 personas afectadas menos. De hecho, solo en seis provincias de España ha caído el número de municipios sin oficinas, y ninguna está en Castilla y León (Almería, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Huesca y Málaga).
En cualquier caso, el hecho de que el 2,4% de la población no tenga una oficina bancaria en su lugar de residencia no implica que esté financieramente excluida, dada la existencia de otras vías de acceso a los productos y servicios bancarios. El aumento de la utilización de la banca ‘on-line’ en los últimos años permite contrarrestar los efectos del cierre de sucursales. En los casos en los que el acceso a Internet no está garantizado y/o existe una brecha tecnológico asociada a factores como la edad o el nivel educativo, otras iniciativas como la oficina móviles o la instalación de cajeros automáticos pueden contribuir a mitigar esta falta.
El estudio publicado por Cajamar dedica una parte de su investigación a analizar el papel de los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en el acceso a los servicios bancarios. Además de los 1,12 millones de españoles que residen en los 3.899 municipios en los que no hay ninguna oficina bancaria, hay otros 1,53 millones, en 1.417 localidades, que solo disponen de oficinas de un tipo de entidad de depósito en su lugar de residencia, de forma que es gracias a ese tipo de entidad que la población tiene acceso a servicios bancarios. El estudio trata de forma conjunta las cajas de ahorros y los bancos en los que las fundaciones bancarias tienen participación.
En Castilla y León, 173.776 personas de 227 municipios solo disponen de un único tipo de entidad para acceder a los servicios financieros en la localidad donde residen, siempre según datos de 2015. Concretamente, 121.890 (167 municipios) tienen acceso gracias a una caja de ahorros, 26.856 (51 poblaciones) a través de una cooperativa de crédito y 7.791 (nueve localidades) solo disponen de bancos.
De hecho, hay algunas provincias en las que ciertos tipos de entidades no son las únicas. Por ejemplo, los bancos no son la única entidad de depósito con oficina en ningún municipio de Palencia, Salamanca, Soria ni Zamora. De hecho, en Palencia ni las cooperativas ni los bancos salvan de la falta de acceso a ninguna localidad.
A nivel nacional, las cajas de ahorros son las entidades de depósito que más importancia tienen a la hora de rescatar a la población de la no accesibilidad física a los servicios bancarios, ya que son a las que a más poblaciones permiten acceder a los servicios bancarios, 880 en toda España (1,03 millones de habitantes). De hecho, en 33 provincias son las cajas de ahorro las que garantizan en acceso a los servicios bancarios con una sucursal en el lugar de residencia del usuario. Sin embargo, hay algunas provincias en las que no existe ningún municipio en el que esto se produzca y que solo tengan acceso a través de cajas de ahorro. Es el caso de Alicante, Córdoba, Granada y Murcia.
En el caso de la importancia que las distintas entidades de depósito tienen a la hora de procurar el acceso a los servicios financieros, el informe de Cajamar también analiza la evolución entre el año 2008, cuando la presencia de sucursales bancarias alcanzó su punto máximo, y 2015, con los datos más recientes. Al observar este proceso destacan dos aspectos. Por un lado, la pérdida de importancia de las cajas de ahorros a la hora de garantizar el acceso a una sucursal bancaria y, por otro, elaumento en paralelo de cooperativas de crédito y bancos.
En Castilla y León, la mayor caída en el número de municipios que solo disponen de cajas de ahorros se produjo en Ávila, con 23 localidades menos, seguida de Burgos, con 15 menos. Sin embargo, en Salamanca sí que había, en 2015, una localidad más en la que los habitantes accedían a los servicios bancarios a través de una caja de ahorros con respecto al año 2008.
En Ávila, que tantos pueblos con cajas de ahorro como única sucursal perdió, algo que afectó a 15.187 habitantes, una tercera parte recuperaron el acceso través de cooperativas de crédito o de bancos (cinco municipios, pero 5.139 habitantes). Es la provincia de la región que en mayor medida reparó esa atención a la población que había perdido.
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