COLPISA
Martes, 28 de abril 2015, 11:48
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por dos sociedades, Marine instruments, s.a. y liuniaski s.l, clientes de Banco Madrid, por un presunto delito de blanqueo de capitales.
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El magistrado acepta investigar los hechos, aunque con carácter previo a practicar cualquier diligencia se ha dirigido a Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos y de ser así, recabarlas para evitar duplicidades.
La querella se dirige contra Banco Madrid y contra siete miembros de su consejo de administración. Recuerda el escrito de los querellantes los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EE UU, respecto a Banca Privada de Andorra, matriz de Banco Madrid, por un presunto blanqueo de capitales.
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La fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente sobre la competencia de esa instancia y pidió que se recabase en Anticorrupción información sobre si existen investigaciones preliminares acerca de esta materia. Una propuesta que ahora asume el juez Andreu.
Entiende el magistrado que los hechos detallados en la querella deben ser objeto de investigación penal en la Audiencia Nacional porque podrían ser constitutivos de delito, "pues lo afirmado en la querella no es algo que 'ab initio' pueda considerarse ajeno a los tipos penales denunciados, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervencion de Banco Madrid y que la misma se produce después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas supervisor de BPA decidiera intervenir esta entidad, matriz de Banco Madrid", una decisión, según explica Andreu, basada en la necesidad de asegurar el cumplimiento por parte de BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales.
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Esos hechos se investigarán a partir de ahora en la Audiencia Nacional porque podrían haber causado numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores, como los querellantes, "sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto".
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