La inversión en infraestructuras necesarias en España para dar solución al alza de la demanda de movilidad y la modernización de la redes asciende a más de 150.000 millones de euros, según los cálculos de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias. Solo ... en carreteras, la inversión necesaria es de 24.000 millones de euros dado que estas infraestructuras no cuentan con financiación propia, como sí ocurre en otras como aeropuertos (con las tasas que Aena cobra a las aerolíneas) o en el sector ferroviario (con los cánones de Adif).
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En varias ocasiones el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto encima de la mesa la necesidad de financiar las carreteras con un sistema de pago por uso, como ocurre en prácticamente toda Europa -el Gobierno incluso llegó a incluir esta propuesta en su plan de reformas ante la Comisión Europea, aunque después lo retiró-, un medio que soporta el 86% de la movilidad por el país de las personas y el 93% de las mercancías. Pero por el momento no habrá un sistema de pago por uso generalizado y las autopistas de peaje en vigor volverán a subir sus tarifas conforme a la inflación en 2025, sin subvenciones por parte del Estado y continuando con el modelo previo a la crisis inflacionista.
Así lo explicó el presidente de Seopan, Julian Núñez, durante la presentación del informe 'Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España' este lunes en Madrid. «La subida es automática conforme a la inflación. El Gobierno quiso atenuar el incremento otros años por el elevado IPC, pero no creemos que en esta ocasión suceda porque la inflación ya está muy controlada», indicó Núñez a preguntas de los periodistas.
En 2023 los peajes se incrementaron un 4% en lugar del casi 8,4% que correspondía según el IPC de 2022 para aliviar el impacto en las familias, y el Gobierno se comprometió a ir compensando a las concesionarias a lo largo de los siguientes ejercicios. Las concesionarias de la red de 1.500 kilómetros de peaje estatales (las principales son Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), que facturan alrededor de 1.500 millones de euros al año, no aceptaban perder la mitad de lo que hubieran facturado en 2023 si se cumpliera con la subida ligada al IPC. Por ello, tras una intensa negociación, el Ministerio de Transportes estableció esa compensación para ellas, aunque muy alejada de la que solicitaban. Y en 2024 ya se observó esa compensación con tarifas que subieron por encima del IPC, entre el 5% y el 6,65%.
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Esta subida fue la mayor desde que en 2002 se aprobara el sistema de vinculación de tarifas con el IPC. De hecho, en 2023 por el tope establecido por el Gobierno y en 2024 por la compensación fueron los dos únicos años que no se ha aplicado la revalorización automática de los peajes con el IPC.
Desde el Ministerio de Transportes aseguran que están estudiando cuál será la subida exacta a partir del 1 de enero y que «aún no hay nada decidido». Si se tiene en cuenta la inflación media que calculan organismos como Funcas para 2024, los peajes subirán alrededor de un 2,7% el 1 de enero.
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Más allá de las carreteras, de la inversión de 150.833 millones que calcula Seopan necesaria para las infraestructuras de transporte, más de la mitad, 85.0000 millones, son actuaciones planificadas en algún momento por el Gobierno con un horizonte de ejecución 2024-2035. Otros 57.000 millones estarían destinados a modernización de redes ya existentes y otros 8.600 millones, a nuevos proyectos innovadores.
Y de los 85.000 millones de inversiones ya contempladas por el Estado, 51.200 son obras ferroviarias, 16.500 de ellos en redes de alta velocidad. El objetivo primordial es garantizar una mayor movilidad de modo más sostenible y paliar los problemas de congestión.
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No solo de ciudadanos, también de mercancías, ya que el objetivo del Gobierno era que las autopistas ferroviarias permitieran desplazar el transporte de mercancías de las carreteras a los trenes y descongestionar las autovías. La propuesta era que el 10% de las mercancías se transportaran por ferrocarril en 2030, un objetivo «totalmente irreal» dado que actualmente no se llega ni al 4%.
El presidente de Seopan consideró que es un objetivo «necesario» pero que es «muy difícil» que en cinco años España vaya a alcanzar una cuota que en 30 años no ha sido capaz. «Hay que hacer inversiones y esfuerzos, pero no creo que se cumpla».
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El informe realizado por la ingeniería Sener a propuesta de Seopan concluye que esta apuesta por la alta velocidad generaría un beneficio de casi 60.000 millones a lo largo de 30 años de explotación.
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