Hacienda acusa a Rato de ocultar 14 millones hasta 2015 pero sospecha de más dinero

Rodrigo Rato ya sabe a ciencia cierta todos los indicios que Hacienda tiene contra él, y que se resumen básicamente en que habría ocultado entre 2004 y 2015 rentas «por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros», lo que a su vez implicaría un presunto fraude fiscal de 6,8 millones. Sin embargo, una vez descartados los ejercicios ya prescritos (hasta 2008 inclusive) la cuota que debería abonar a la Agencia Tributaria sería de 5,4 millones, multas y recargos aparte.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) lo concluye así en un informe de 642 páginas entregado el 23 de enero pasado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, donde se investiga el patrimonio del que llegara a ser número dos del Gobierno bajo la presidencia de José María Aznar. Los investigadores, además, advierten de que su cálculo es todavía provisional y, sobre todo, limitado.

«Habida cuenta de que el IRPF español grava la renta mundial (esté donde esté ubicada la fuente) obtenida por los residentes en territorio nacional, las cuotas presuntamente defraudadas que se comunican en este informe no van a comprender las posibles rentas que puedan derivarse del análisis de los movimientos habidos en varios países en relación con Rodrigo Rato y su entorno, empresarial y profesional».

Y es que la ONIF ya advirtió meses atrás al juzgado de la «necesidad» de enviar comisiones rogatorias a 15 países o territorios fiscales distintos, entre ellos Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar, Australia, Suazilandia y Dominica con los que el expolítico ha mantenido «un elevadísimo tráfico bancario». Pero hasta ahora solo se ha recibido una respuesta, la del Reino Unido.

Para ocultar esos movimientos, y aparte de recurrir a paraísos fiscales, Rato usó principalmente cuatro sociedades «carentes de sustancia económica y de una causa lícita en su constitución». Se trata de las firmas panameñas Red Rose y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que han realizado transferencias internacionales por más de siete millones y, al igual que otras cantidades, «nunca se ha acreditado, ni se ha intentado» -reprocha la ONIF a Rato ante su argumento de defensa de que «en todo momento» habría cumplido las leyes tributarias- que se hubieran declarado a Hacienda, «aunque fuera en ejercicios prescritos».

Según la inspección de Hacienda, el que también fuera director gerente del FMI y presidente de Bankia hasta su rescate forzoso usó cuatro vías para ocultar al fisco ganancias de patrimonio «no justificadas»: tráfico de dinero (bancarizado) con el extranjero no declarado, rentas no encuadrables en ninguna de las categorías establecidas normativamente y rendimientos como asesor o consultor de empresas, actividad como conferenciante y gastos empresariales que no serían deducibles.

Los tres principales pagadores de Rato como asesor entre 2008 y 2015 -salvo su etapa en Bankia- fueron CaixaBank, Santander y Telefónica. El problema es que en vez de declarar esos emolumentos (más de dos millones) como ingresos vía IRPF recurrió a la simulación de otros servicios «claramente sobrevalorados» para «camuflar» como prestación empresarial lo que, en realidad, «encubría una retribución personal».

Como novedad, la ONIF revela otro presunto delito atribuible a Rato (aparte de fraude fiscal, administración desleal, blanqueo de capitales y posible corrupción entre particulares), el de insolvencia punible. Y lo hace por los impagos de una empresa de su familia (Muinmo) en el IVA pues el expolítico dispuso su «liquidación desordenada» al «despatrimonializarla con transferencias en efectivo» a personas de su entorno.

El excuñado, bajo sospecha

De otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid dio este miércoles un doble varapalo judicial a Rato al tiempo que se conocían las conclusiones finales de la investigación de Hacienda sobre su patrimonio. Las dos decisiones tienen que ver con el papel que habría jugado su excuñado, Santiago Alarcó, en algunas operaciones sospechosas que se realizaron durante la etapa del primero como presidente de Bankia y que, a juicio de esos magistrados, podrían haber constituido sendos delitos de administración desleal.

Los jueces han corregido en primer lugar al instructor del caso, Antonio Serrrano-Arnal, y le han ordenado abrir otra pieza separada para investigar la venta del Palacete de Vegas de Matute (Segovia) a Alarcó por 300.000 euros en diciembre de 2012, pocos meses después de que dejara su puesto como asesor en el citado banco. Lo llamativo es que ese precio resultaba muy inferior a los casi dos millones que llegó a valer dicho inmueble y, además, apenas un mes después el nuevo dueño lo revendió por 535.000 euros, logrando una plusvalía de 235.000 euros en un tiempo récord.

Ahora el instructor -aunque también podría deducir testimonio para que se encargue otro juzgado- deberá aclarar todos los extremos de lo que, en apariencia, pudiera haber sido todo un pelotazo inmobiliario en detrimento de Bankia. Y al mismo tiempo deberá profundizar en las pesquisas ya abiertas hace meses sobre la contratación del excuñado de Rato como asesor externo de dicho banco -cobró 840.000 euros por apenas dos años y medio de trabajo-, una decisión personal del propio presidente pese a la sospecha y la rareza de su fichaje a ojos del responsable de la auditoría interna de la entidad-, según destacan los magistrados.

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