UGT solo firmará con la Junta ayudas del Diálogo Social si recogen a los posibles beneficiarios

La Unión General de Trabajadores en Castilla y León ha amenazado hoy a la Junta con no firmar ninguna línea de ayudas o subvenciones, en el marco del Diálogo Social, que no incluya previamente un trabajo para determinar el mapa de los posibles beneficiarios, tras denunciar que la mayoría de las presentadas por el Ejecutivo autonómico se encuentran "infladas, no llegan realmente a los más necesitados y sólo sirven para quedar bien ante los medios de comunicación".

El secretario de Acción Sindical de la UGT, Raúl Santa Eufemia, ha realizado dicha advertencia, extrapolable igualmente a las nueve diputaciones y ayuntamientos de Castilla y León, durante la presentación de la campaña que dicho sindicato ha puesto en marcha hasta el próximo 1 de octubre bajo el lema 'Tu pensión es tu derecho...tu bienestar...y el de los tuyos...¡Defiéndela!'

Precisamente, el sindicalista, quien ha comparecido ante los medios acompañado del secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de dicha organización, Pablo Zalama, urge la constitución de una Mesa Única en el marco del Diálogo Social para abordar de forma específica materias como pensiones, copago farmacéutico y Ley de Dependencia.

"Nuestro objetivo del nuevo curso es no firmar línea alguna de subvenciones que sólo sirva para inflar cifras y no contenga un informe del mapa real de la gente que pueda resultar beneficiaria de esa cobertura, sobre todo en materia de copago y ayudas a familias sin ningún tipo de subsidio", ha reiterado Santa Eufemia en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las propuestas de la UJP-UGT para frenar el deterioro de las pensiones, tras constatar, según Pablo Zalama, que el Fondo de Reserva contaba en 2011 con 66.815 millones de euros y hoy con menos de 25.000 millones, incluyen también derogar la reforma de la Ley de Dependencia, crear viviendas tuteladas y, como objetivo irrenunciable, recuperar la compensación por desviación sobre el IPC previsto, tal y como existía antes del año 2012 (1,9% IPC), independientemente de su tratamiento a nivel estatal.