Agentes sociales y academias critican el cambio de ayudas a la formación laboral

En el año 2016 un total de 26.429 personas empleadas y desempleadas recibirán formación en los diferentes centros especializados de Castilla y León con el objetivo de ampliar sus competencias y mejorar su preparación. En muchos casos se trata de abrir aún más el abanico de posibilidades laborales. Los fondos para la realización de estos cursos formativos proceden de las partidas acordadas entre la Junta y los agentes económicos a través del Diálogo Social y que son distribuidas a modo de subvención entre las diferentes entidades dedicadas a impartir este tipo de formación.

La amplia mayoría de ellas son academias de titularidad privada, pero las entidades gestionadas por los sindicatos y por la patronal representan una parte importante. Además, algunos entes públicos también participan en estos programas, entre ellos la Junta de Castilla y León a través de su sistema público de Empleo (Ecyl).

En la convocatoria 2015-2016 los ejercicios abarcan dos años, cuya resolución se publicó el pasado mes de noviembre, el procedimiento cambió. Por primera vez, todos los aspirantes se presentaban en concurrencia competitiva, esto es, que todos accedieron en igualdad de condiciones al reparto de las subvenciones, que se realizó de acuerdo con criterios técnicos. En convocatorias anteriores, el sistema reservaba distintas cuotas para cada una de las categorías de demandantes.

Entre los cursos de formación que reciben subvenciones para su desarrollo hay tres modalidades, dos de ellas destinadas a personas desempleadas, y otra, a trabajadores ocupados. Los cursos FPO (Formación Profesional Ocupacional) están encaminados a la inserción de personas desempleadas, es decir, se trata de una formación con compromiso de contratación. En este grupo se encuadra el programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI). Los denominados cursos FOD (Formación Orientada a Desempleados) están destinados a ampliar los conocimientos y habilidades de las personas sin trabajo, con vistas a reforzar su preparación profesional y obtener una mejor posición para la búsqueda de empleo. Por último, están los de formación continua para personas que se encuentran trabajando, pero que desean mejorar sus competencias profesionales.

Cursos sin ejecutar

La entidad que más crédito obtuvo en esta campaña, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), vinculado a la Unión General de Trabajadores (UGT), rechazó a finales de enero 3.206.850 euros de los 4.758.350 que le habían sido concedidos en las tres modalidades, y de los que iban a beneficiarse 2.675 alumnos en Castilla y León, y anunció el cese de su actividad. La fundación, no obstante, se ha comprometido a desarrollar hasta el final los cursos que ya estaban en marcha comenzaron en diciembre, pero los demás no se llegarán a impartir. Al final, solo 540 alumnos recibirán formación a través de IFES en 2016. Los cursos para trabajadores ocupados han sido cancelados en su totalidad.

A Forem, la entidad creada por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) para impartir cursos de formación y orientación profesional, le fueron adjudicados 4,19 millones de euros para subvencionar las actividades del ejercicio 2015-2016, de las que se beneficiarán 3.094 alumnos en la región. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y, por ende, sus nueve organizaciones provinciales asociadas, recibirán para esta campaña 1,8 millones de euros para la formación de 1.608 personas. Sin embargo, el gran montante de las subvenciones, 34,8 millones de euros, corresponden a las empresas privadas de enseñanza (y a algunos entes públicos que se engloban aquí), que formarán en 2016 a 19.052 personas en la región.

El cambio en la legislación relativa a las subvenciones de estos programas formativos, recogida en la Ley 30/2015, aprobada el pasado mes de septiembre, no tiene como única novedad el establecimiento del sistema de concurrencia competitiva. La modificación que más ha escocido a quienes reciben y ejecutan estas subvenciones es la de participar con sus propios recursos en la financiación de la formación. Si antes las empresas recibían el 100% del crédito antes de comenzar los cursos, ahora perciben un porcentaje al inicio, y el resto, al finalizar el proceso de formación. Para las grandes empresas, significa que de momento solo reciben el 60% de la subvención y el resto han de anticiparlo. Tanto los agentes socioeconómicos, que imparten estos cursos a través de sus fundaciones, como las academias privadas coinciden en que el nuevo modelo de regulación les perjudica.

Nueva legislación

En IFES se resignaron a no seguir con los cursos porque no había dinero «y no podía ser que la gente no cobrase», explica la secretaria de Formación y Comunicación de UGT en Castilla y León, Nuria Pérez, quien matiza que, a pesar del cese de actividad, la fundación tiene intención de liquidar todos sus pagos. «Al ver cuáles eran las condiciones en la nueva convocatoria, desde la central de IFES nos comunicaron que este año iba a ser difícil sacarlo adelante, pero tenían esperanza de que en diciembre saliera un nuevo Gobierno que reformase todo», dice.

En Forem, la entidad vinculada a Comisiones Obreras, afirman tener las mismas dificultades que su análogo. Incluso el secretario de Empleo y Formación de la sección regional de CC OO, Nino Fernández, afirmaba la semana pasada que desde el sindicato temían «acabar como IFES al final del año». Sobre la nueva reglamentación, Fernández entiende que «han hecho inviable el sistema, todo son dificultades y todos las sufrimos» y achaca estos problemas a los recortes presupuestarios del Gobierno del Partido Popular y a la nueva legislación, «que hace imposible la gestión normal de las cosas», y además critica la excesiva burocracia. «Ahora pagan mal y tarde», se lamenta Fernández.

«Inseguridad jurídica»

En la misma tesitura se encuentran las organizaciones patronales de la región que, lideradas por Cecale, organizan cursos de formación a través de las agrupaciones provinciales. «La situación que ha llevado a IFES a cerrar se debe a cuestiones externas a la empresa, por unas dificultades que todos sufrimos», explica el secretario general de Cecale, David Esteban, quien sostiene que el problema se debe a dos asuntos; por un lado, la financiación, y por otro, la inseguridad jurídica. «Estamos comenzando a ejecutar unos cursos de los que solo recibimos el 60% y hasta que no finalicen en verano no recibiremos el resto, y a eso hay que añadirle el proceso de liquidación, que siempre se retrasa unos cuantos meses», explica Esteban. «Además, ese 40% que tenemos que financiar nosotros luego se nos junta con el 40% del ejercicio siguiente». Sobre la situación actual, el secretario general de Cecale plantea una reflexión: «Si UGT, que lleva tantos años, lo ha tenido que dejar, tenemos que pensar que hay algo que no está yendo bien».

El nuevo modelo de regulación de las subvenciones para la realización de acciones de formación también afecta a las empresas privadas. «Cada año lo hacen peor. Hace unos seis años la convocatoria salía en diciembre, la resolución se conocía en marzo o abril y podríamos empezar las clases en verano. En los últimos años la convocatoria sale cada vez más tarde. La última fue a finales de noviembre para empezar ya en diciembre», explican responsables de academias de formación, que lamentan la repercusión que la no impartición de cursos tiene en la economía local, al dejar de contratarse profesores y personal de administración, hasa el gasto que se deja de hacer en otros recursos, como el material didáctico. «Sentimos que es un sector que ha estado muy abandonado», critican. En Castilla y León hay unas 130 academias de enseñanza asociadas, aunque el número total es mayor porque no todas están vinculadas a alguna agrupación.

Revisión de la normativa

Todas las entidades que se dedican a impartir cursos de formación coinciden en que es necesaria una revisión de la normativa porque ninguna considera efectivo el nuevo modelo. «El nuevo Gobierno tendrá que reformarlo, sea el que sea, aunque sea del mismo partido», solicita Nino Fernández. Desde UGT también esperan que se produzca un cambio en la normativa porque, según ellos, es inviable. «IFES ha sido la primera que ha caído, pero no va a ser la última. Las grandes empresas tienen más aguante, pero ¿qué va a pasar con las pequeñas academias?», se pregunta Nuria Pérez. Y no solo las academias lo ven complicado. «En Cecale continuamos por el hecho de la responsabilidad con la formación de los trabajadores, pero una empresa que antes no dejaba dinero, si encima ahora lo que hace es provocar pérdidas... a ver cómo lo hacemos», calcula David Esteban.

Numerosos interrogantes para el futuro de un sector del que muchas personas dependen en Castilla y León para mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo estable.