Las 6.000 familias de la región que invirtieron en fotovoltaicas exigen otro modelo energético

La campaña Camino del Sol, que recorre España para defender «un nuevo modelo energético basado en las renovables» y reclama al Gobierno la restitución a los 62.000 productores fotovoltaicos «de los derechos que les llevaron a invertir sus ahorros e hipotecar sus hogares» para generar energías limpias, ha recabado apoyos en Valladolid. Tanto las decenas ciudadanos que se han acercado a la caravana montada en la Plaza Mayor, como los representantes municipales de Toma la Palabra, Sí se Puede o el propio alcalde han mostrado su adhesión al manifiesto que suscriben las 6.000 familias afectadas en la región, 1.200 de ellas de Valladolid.

Según ha explicado Rafael Barrera, director de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), «la inseguridad jurídica generada por el Gobierno con los cambios normativos no solo mantienen paralizado un sector que año a año bate récords de potencia instalada en todos los países desarrollados, sino que ha abocado a la ruina a los miles de pequeños inversores engañados con decretos retroactivos». Casi la mitad sufren ya rentabilidades negativas y la totalidad de los productores han tenido que refinanciar o hacer frente a los pagos mensuales con recursos propios.

Obligados a aportar garantías adicionales a los bancos y a aceptar a cambio tipos de interés más elevados para poder extender los periodos de amortización, Barrera ha descrito un panorama de familias que están perdiendo sus casas, hipotecadas o puestas como aval para construir las plantas fotovoltaicas. «El mismo delegado de la asociación en Castilla y León ha tenido que emigrar a Chile y dejar aquí a su familia para poder salvar su instalación».

La caravana de Anpier está organizada en colaboración con Greenpeace y otras instituciones de referencia del sector, como APPA, UNEF o la Fundación Renovables, y a ella se sumó en Valladolid la cooperativa local de consumidores energética coop. que el pasado día 16 comenzó a vender electricidad a sus cerca de 180 socios y demás usuarios inscritos.

Una auditoría al sistema

La campaña de Anpier pretende impulsar una «transición rápida hacia un sistema energético sostenible en lo económico y medioambiental, basado en el uso de tecnologías renovables para adaptarse a los objetivos marcados por la UE».

Promueve la adhesión a un manifiesto que reclama «un sistema eléctrico asequible, que aporte competitividad y bienestar y no un sistema que genere réditos millonarios para unos pocos a costa de emisiones tóxicas y riesgos de catástrofes nucleares, un modelo que ha convertido en lujo un recurso esencial».

Exige «que se reconozca el autoconsumo como un derecho», así como «una auditoría del sistema (eléctrico), para que se conozcan los costes de producción reales de cada una de las tecnologías de generación».

A lo largo de esta campaña, ha explicado Barrera, Anpier ha recibido el apoyo «de todos los partidos políticos, incluido el PP de comunidades autónomas como Murcia, Extremadura, que han presentado recursos de inconstitucionalidad,prácticamente de todos con la única excepción de quien tiene el poder de decisión».

Las 6.000 familias afectadas de la región, que generan cerca de 500 megawatios, convierten a Castilla y León en la cuarta comunidad más afectada, tras Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. El perfil del pequeño productor es un profesional o asalariado de clase media, en muchos casos con varias familias involucradas en cada instalación.

Por la tarde, la caravana ha partido hacia Ponferrada, donde recalará en vísperas de su cierre, el domingo en Santiago de Compostela.