El Gobierno aprueba una ley para aumentar la confianza en los auditores

El Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Auditoría que pretende reforzar la trasparencia y la independencia del trabajo de las auditoras. La nueva norma entrará en vigor en junio de 2016 y busca aumentar la confianza en el trabajo de estos profesionales tras las irregularidades detectadas en casos como la relación entre Bankia con su exauditora Deloitte, el escándalo de Pescanova con una contabilidad paralela que ocultó a la firma BDO, y el fiasco de Gowex, con unas cuentas falsas firmadas por la firma M&A.

La norma obligará a todas las entidades de interés público (EIP) a contar con un comité de auditoría semejante al que tienen las sociedades cotizadas, cuyas funciones serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, fija topes a los honorarios de las auditoras y limita a diez años el contrato por el que podrán supervisar las cuentas de bancos, aseguradoras o cualquier empresa cotizada. Transcurrido este plazo de diez años, y si se celebra un concurso público, el mismo auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta para validar el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.

La nueva ley ha generado malestar entre este colectivo, que en los últimos meses criticó la rapidez con la que el Gobierno abordaba el asunto.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha señalado que la ley "amplía el concepto de entidades de interés público" y "exige que el auditor de las entidades cotizadas del mercado bursátil tenga un auditor específico". Asimismo, "establece limitaciones entre el auditor y los familiares para que la independencia no quede mermada". De Guindos ha recordado que "también se limitan los honorarios que pueden percibir las auditoras" e intenta "que no haya un cliente que tenga más de un cierto porcentaje para proteger la independencia".

Asimismo, el Gobierno ha nombrado al actual subdirector general de Legislación y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad Jaime Ponce, como nuevo director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en sustitución de Antonio Carrascosa.