Jorge Moreno
Domingo, 4 de enero 2015, 12:12
Con la entrada en vigor este mes de las nuevas tarifas por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que suponen una rebaja del 20% respecto a las aplicadas en los últimos tres años en la región, la Junta de Castilla y León ha establecido además una serie de cambios que afectarán a los propietarios de los vehículos.
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Entre ellos se encuentra los plazos de gratuidad de las segundas revisiones por control de emisiones y por la inspección de seguridad, que comprende aquellos elementos de los vehículos que pueden incidir gravemente en la movilidad vial. En estos casos, las empresas no podrán cobrar de nuevo siempre que ésta inspección «se realice en el plazo indicado en el primer informe y sin que, en ningún caso, se superen los dos meses».
En este sentido, las empresas de ITV recuerdan a los conductores que en los supuestos de inspección desfavorable solamente se habilita a desplazarse a un taller para su reparación y su posterior regreso a la estación de ITV para que se lleve a cabo la nueva inspección por parte de los empleados.
La Consejería de Economía, sin embargo, ha autorizado que las ITV puedan cobrar otra tarifa si se supera el tiempo fijado por los operarios e ingenieros.
Las empresas han recordado que estos plazos de las segundas inspecciones quedarán «a criterio de cada centro inspector», al tiempo que señalan que después de que termine el plazo inicial para la segunda inspección gratuita «la tarifa de segunda y sucesivas inspecciones será completa en función del tipo de vehículo y del componente de la tarifa que sea de aplicación, bien de seguridad o por emisiones, o ambas» a la vez.
Esta nueva regulación de hasta dos meses, respecto a las segundas inspecciones, comprende también a las que estén relacionadas con vehículos que han sido reformados, después de que se haya efectuado una primera inspección que fuera inicialmente desfavorable. Por otra parte, la Junta ha fijado una tarifa única de tres euros por vehículo para el pesaje voluntario que sea solicitado por los particulares.
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Litigio en los tribunales
De otro lado, la reducción del 20% por parte de la Consejería de Economía y Empleo ha irritado a los cuatro grupos empresariales que operan en Castilla y León (Atisae, Itevelesa, Atisaecal e Itevecasa), a través de las 41 estaciones técnicas fijas y trece móviles existentes.
Un malestar que ya se ha formalizado mediante una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se pide al TSJ que paralice de forma cautelar esta rebaja por los perjuicios económicos que puedan causar a las empresas, en las que trabajan unos 550 empleados.
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El nuevo litigio ante el TSJ se suma al que ya plantearon en el año 2012 las concesionarias por estar en contra de la congelación de las tarifas que han estado en vigor hasta el 2014. Este pleito todavía no ha sido resuelto por la Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior.
Según las mercantiles, la reducción de las tarifas en 2015 supone "un cambio de las reglas de juego de los precios" que hasta ahora estaban marcadas por el IPC, tanto si sube como si baja.
"En estos últimos tres años desde el 2011, las concesionarias hemos mantenido congelados las tarifas de las inspecciones y lo que no se puede hacer ahora es reducirlos para el 2015 un 20%», explicaron fuentes de la Asociación de Empresas de ITV de Castilla y León.
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Se lamentan además de «la nula voluntad negociadora» de la Consejería de Economía, que ha fijado el año 2029 como final de todas las concesiones de ITV. Esta renovación de los contratos se realizó en el 2003. Para ello, algunas de las empresas se comprometieron a construir más estaciones de inspección en varias provincias de Castilla y León.
Respecto a la rebaja de este año, las empresas no creen que la reducción de estas tarifas vaya a contribuir a mejorar su cuenta de resultados por la llegada de vehículos de regiones limítrofes, donde los precios son más elevados.
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En estos tres ejercicios, las empresas aseguran que han perdido cerca del 9%, por lo que en el acumulado junto a la reducción media fijada para este año sumarían una pérdida de ingresos por las tarifas de casi el 30%.
Desde la Asociación de Empresas de ITV en Castilla y León, se recuerda que en las tarifas de Cantabria y Andalucía para este año los gobiernos regionales han aplicado el criterio del Índice de Precios al Consumo, y "en algún caso ha bajado". "El IPC es un referente para los convenios colectivos, a los que se someten nuestras empresas", recuerdan desde el sector.
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Orden sin publicar en el Bocyl
La publicación de las nuevas tarifas en el Bocyl del pasado 12 de diciembre hace mención a una orden de la Consejería de Economía del 7 de octubre, por la que se modifican los contratos de concesión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
Con esta resolución, que no ha sido publicada en el Boletín alegando por parte de la Junta su amplitud y la inclusión de datos societarios, se modifican las cláusulas contractuales entre la Administración regional y las empresas concesionarias. La orden de la Consejería de Economía anula la anterior de septiembre del 2000, que fijaba la prestación de este servicio público.
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