Solo tres jugadores del Segovia Futsal cobraban por encima del salario mínimo

El abogado de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, Eduardo Meléndez, responde: «El Segovia Futsal no estaba en condiciones de competir. La Liga dice que tiene un seguimiento económico, pero creo que brilla por su ausencia». El Naturpellet arrancó la temporada en septiembre con nueve licencias profesionales, dos de las cuales eran de jugadores que cobraban 420 euros al mes. Ante este argumento, la LNFS emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que el club superó los requisitos del Reglamento de Control Económico y que la Liga «tenía en su poder crédito suficiente del club como para hacer frente a un hipotético impago de obligaciones de inscripción».

Solamente Buitre, Álvaro López y Thiago, con sueldos cercanos a los 1.400 euros, superaban el salario mínimo, según confirma el último presidente del Naturpellet Segovia, José Luis Herrero, que no estaba al frente en aquel momento. Con Álvaro Fernández entonces al frente de la directiva –se marchó a Cuba tras dimitir en primavera– la plantilla costaba unos 10.000 euros al mes. «Lo que dice el abogado es cierto», resume Herrero. El club remitió los contratos y se pone del lado de la plantilla. «Nos interesa que los jugadores salgan lo mejor pagados posible».

La situación empeoró en enero. Meléndez, que dibuja una máxima categoría del fútbol sala nacional con una decena de jugadores por equipo que superan el salario mínimo, subraya que la Liga incumplió su normativa en enero. «Exigen que haya un mínimo de ocho jugadores con licencia profesional. En enero ya solo quedaban seis y se estaban infringiendo las propias normas de la Liga; de hecho, uno de ellos cobraba 420 euros, por lo que entiendo que eran cinco».

Raya, cedido por el Inter Movistar, cobraba una parte de su sueldo del club madrileño. Otros como Nico Rolón percibían en torno a los 800 euros y pactaron verbalmente con el club un extra de comidas y cenas que se terminó por incumplir. La situación de Mordi, Álex Fuentes, Edu o Chus no era mejor. Otros como Iago Rodríguez tenían un contrato senior, una figura que permite a la entidad reducir gastos de seguridad social. El gallego era uno de los que cobraban 420 euros. El abogado subraya que esta figura era un contrato de compensación de gastos ficticio que escondía un verdadero contrato laboral. Mientras, la Liga recurre a la «literalidad» del Convenio Colectivo a la hora de limitar su aplicación a profesionales. Por tanto, quedarían fuera de esta figura y no serían indemnizados, los acuerdos más precarios. «El único órgano legal para declarar un contrato indefinido como profesional son los juzgados previa denuncia de alguna de las partes, jugador o club».

Ante el panorama, lo primero que hizo Herrero cuando se hizo con la presidencia en marzo fue visitar al presidente de la Liga, Javier Lozano, para relatar la situación. No da una respuesta a la pregunta de si el club debió jugar en Primera, pero no rehuye el tema. «Que no estaba bien hecho, está claro. Lo que se había hecho antes, ni idea, pero era un desastre. Y así nos ha ido».