Diego Gacimartín denuncia en el juzgado siete meses de deuda del Segovia Futsal

Gacimartín solo percibió las mensualidades de agosto y septiembre del curso pasado. Parte de la de octubre le llegó a través del concierto recaudatorio que ofreció el Segovia Futsal en La Lastrilla. Su caso es muy particular. Los jugadores están cubiertos por el Fondo de Garantía Social –pagado por los equipos de Primera y Segunda División– y el club reconoció sus deudas cuando su abogado requirió los contratos. El técnico, sin embargo, no está teóricamente, sujeto a ese convenio.

«Tenía un contrato y necesitábamos reclamar lo que era nuestro. Yo quiero lo que es mío, a todo el mundo le gusta cobrar por trabajar. Hemos intentado hacerlo por las buenas. No han querido hacerlo así, pues seguirán otros caminos», explica Gacimartín. Igual que había jugadores con contratos por debajo el Salario Mínimo Interprofesional o licencias profesionales disfrazadas de contratos de compensación, el suyo era un acuerdo privado con el club. El entrenador ha presentado en el juzgado una reclamación de cantidades y está pendiente de la evolución del procedimiento judicial.

Gacimartín valora positivamente la decisión del fondo de garantía. «Si así se decide es porque hay suficientes pruebas que demuestran que tiene que ser así. Creo que es justo que reclamemos lo que nos pertenece». Con el panorama sobre la mesa, no parece previsible una salida negociada. El técnico ha sido el hilo conductor, desde la segunda temporada del club al ascenso en 2017, permanencia en 2018 y la pelea encomiable el año pasado de un grupo que habría mantenido contra viento ganando el último partido.

El técnico recurre a la hemeroteca y a las entrevistas en las que Fernández aseguraba a principios de temporada que el 95% del presupuesto del club estaba cubierto. Si era así, ¿dónde fue a parar el dinero comprometido en las nóminas? «A la vuelta de nueve meses, no ha sido así. Es que hoy en día se queda todo registrado. Algo ha pasado. La verdad solo tiene un camino. Y más tarde o más temprano, se descubre. Esto ha salido a luz porque la situación que estábamos viviendo ya era insostenible desde hace mucho tiempo». El presidente de lo que queda del Futsal, José Luis Herrero, asegura que el club intentará colaborar «lo máximo posible» para que Gacimartín cobre lo que se le debe.

«Lo que ha pasado con el dinero, no lo sé. Si sé que nosotros no hemos cobrado ese dinero que estaba firmado, apalabrado o dicho. Yo entendería que las instituciones y las empresas se preguntaran qué ha pasado con ese dinero que no se ha utilizado donde no se tiene que utilizar. La parte que podemos denunciar nosotros es la que se corresponde por el trabajo que hemos hecho y que no nos han pagado. Obviamente, algo ha pasado con ese dinero cuando no se han cubierto los contratos firmados».

El club sigue liquidando cuentas y lo último que está intentando vender es el desfibrilador. Tras pagar a acreedores como la empresa de transportes Segobus, busca líquido para remunerar, por ejemplo, al resto del cuerpo técnico. Aún tiene pendiente de cobro el último tramo de los 50.000 euros de convenio con el Ayuntamiento. Para recibirlo –unos 5.000 euros– deberá pagar unos 3.000 por el uso de instalaciones. Y justificarlo. La intención del club es hacerlo y usar el montante resultante para tapar otros pequeños agujeros. Respecto a la Diputación, al Futsal le corresponderían 3.323 euros de una convocatoria de subvenciones. El día de la provincia, la institución pagó 10 autobuses, a unos 300 euros cada uno para desplazar a medio centenar de niños al Pabellón Pedro Delgado.

La clave para que Gacimartín cobre podría estar en que los testigos del club den fe de su acuerdo con Fernández, que, por más inri, era amigo personal suyo. La complejidad del asunto es mayúscula, pues el caso es una pequeña batalla en el conflicto entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol. En este caso, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con una conocida relación con Fernández, y el de los jugadores, Antonio García-Plata. Sobre Lozano pesa la pregunta de qué permitió o qué no investigó suficiente. Y de la respuesta podría depender su futuro.