«El mismo odio que acabó con los jesuitas es el que me quiere matar a mí ahora»

Jorge Galán, escritor y poeta premiado (ganó El Adonáis en 2006), fue un ingenuo y se lamenta por ello. El salvaje crimen de los jesuitas de la UCA y la impunidad de sus autores, la enorme injusticia propiciada por el Gobierno de su país le llevaron a escribir un libro contando una historia que se estaba olvidando, algo que no quiso permitir. Pero no calculó bien las consecuencias de su arrojo y lleva media año en España, acogido en la casa de su amigo y también poeta Fernando Valverde, en espera de que el Gobierno decida sobre su solicitud de asilo en calidad de refugiado. Soportó las amenazas de muerte por teléfono y a través de las redes sociales, pero cuando un sicario se bajó del coche con el que le había cortado el paso y, cara a cara y pistola en mano, reiteró la advertencia, asumió que la posibilidad de ser asesinado estaba demasiado próxima.

«Cuando me di cuenta de la cantidad de gente que me llamaba traidor y que se ofrecía a matarme, comprendí que quizás nunca iba a poder volver a mi país, porque cualquiera podía hacerme algo por la calle», explica Galán. «Fue un sentimiento terrible, porque en realidad lo único que hice fue contar una historia, la historia de una injusticia, pero parece que el crimen lo cometí yo», recuerda casi más preocupado por «sonar patético» y distraer la atención de «lo importante, que es hablar de la impunidad y de la injusticia». Pero no puede evitar una confesión: «Han sido los peores meses de mi vida».

Noviembre, el libro en el que recrea con toda clase de datos y nombres la masacre de la UCA (Universidad Centroamericana), en la que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas los jesuitas vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, se publicó en México para Latinoamérica (Planeta) en octubre del año pasado y otra editorial que prefiere no desvelar para evitar nuevas amenazas lo hará en España después del verano.

«Presenté el libro en San Salvador el 11 de noviembre y el mismo día los jesuitas, que me habían acogido en la UCA, me llevan al aeropuerto y salgo rumbo a Estados Unidos. A partir de ahí todo se vuelve una incerteza», rememora. El servicio de inteligencia salvadoreño y el fiscal del caso ya le habían avisado: «Me dijo que fui muy ingenuo de pensar que podía permanecer en el país luego de publicar un libro donde menciono a todos los asesinos, asesinos que están en libertad en mi país», relata.

Galán decide venir a España y pedir refugio «porque tengo buenos amigos de una gran confianza» y, además, «pensando que puede venirme bien, ya que cinco de los seis padres asesinados eran españoles y tenía la esperanza de que el Gobierno español se interesara por el caso». Personajes como Mario Vargas Llosa, Joaquín Sabina, Yusef Komunyakaa o Andre Guttfreund ya lo han hecho, firmando un manifiesto de apoyo y contra las amenazas».

Mientras tanto, este poeta espera «sobreviviendo más que viviendo» que se resuelva su situación y, más a corto plazo, que le renueven la «tarjeta roja de permanencia» que le permite quedarse en España, que prescribe el mes de junio. Sin dejar de pensar en cómo puede mantenerse aún vivo ese odio «que es el mismo que mató a Monseñor Romero, que mató a los jesuitas y que ahora quiere matarme a mí».

Para explicarlo, Galán tiene que remontarse un siglo en la historia de El Salvador, dolido por tener que ser tan crítico con una patria a la que añora. «Mi país se ha construido en los últimos cien años en base a la impunidad. En 1932 el Gobierno, liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez, mandó apaciguar una supuesta revuelta de campesinos asesinándolos. Mató a cerca de 30.000 personas». Desde entonces, añade, el goteo de crímenes impunes no ha cesado. Los asesinatos de religiosos comienzan con el padre Rotilio Grande, en los años setenta, monseñor Romero en los ochenta y los jesuitas españoles en 1989. «Son solo unos cuantos ejemplos de una historia terrible», aclara. «Hay casos particulares, masacres y violaciones de los derechos humanos donde sabes que muy rara vez se va a hacer justicia», especialmente «si hay alguien del poder implicado».

Para el escritor, el caso de los jesuitas es el más evidente. «Asesinan a seis curas, se sabe quiénes son los asesinos y, sin embargo, están en libertad». En dos ocasiones distintas el Gobierno español ha pedido la extradición de los culpables «y el gobierno de mi país se niega a hacerlo». En 2011 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió la extradición de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la matanza. La última solicitud se produjo el pasado mes de enero sobre Inocente Orlando Montano Morales, coronel miembro del Estado Mayor conjunto y el único de los responsables del crimen capturados, en EE UU, que ya aprobó su extradición.

A partir de ese momento las amenazas se recrudecen. «La fiscal Almudena Bernabéu me ha dicho que hay nuevas amenazas, otra vez contra la UCA, y también ha habido militares que han dicho públicamente en la televisión que si se extradita a sus compañeros van a tomar las armas y saben qué hacer», expone.

Condena y amnistía

El origen de toda esa violencia está en que nunca se llegó a hacer justicia ni a perseguir a los verdaderos responsables. Aunque no hay una versión oficial estrictamente, se puede decir que la Administración salvadoreña da por bueno el juicio celebrado en el año 1992, en el que se juzgó a veinte militares, todos miembros del comando que ejecutó la masacre «los que dispararon» pero no a los altos mandos que la organizaron y ordenaron. «Y de esos explica Galán solo se condenó al coronel Benavides (Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el militar de mayor rango condenado), que fue el que dio la orden inmediata, in situ, y al teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, que fue uno de los que disparó». Ambos salieron de la cárcel el 1 de abril de 1993 gracias a una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa. «Lo que dicen es que hubo un juicio y ya se hizo justicia, lo cual es mentira», denuncia el escritor, quien mira hacia la cúpula del Estado Mayor para encontrar a los auténticos responsables, a quienes, añade, «no les interesa que este tema tenga vigencia».

En El Salvador se había especulado mucho sobre quiénes fueron los culpables, si bien parecía evidente «que un comando del ejército no iba hacer algo así por su cuenta. No decidió una noche ir a matar a unos curas. Se sabía que el Estado Mayor había dado la orden», relata Galán, que aporta un testimonio muy importante en su libro, el del presidente de El Salvador en el año 1989, Alfredo Cristiani, que no había concedido una entrevista hasta ahora.

«En el encuentro le pregunto por los asesinos y él me contesta y me dice claramente quiénes eran. Me lo confirma y yo tomo la decisión de incluir los nombres de cada uno de ellos. Pensaba que si no lo hacía mi libro iba a carecer de sentido. Y puse los nombres desde los que ordenaron el asesinato hasta los que dispararon el fusil», y lo hizo, se lamenta, «tal vez con la ilusión ingenua de que al final no sucediera nada, de que quizá no le importara a nadie. Pero era una vana ilusión porque claro que les importaba».

Ese ambiente de violencia y de amenazas continuas se sigue viviendo hoy en El Salvador a diario. «Le podría contar de casos terribles», incide apenado porque «no parece que suceda nada, ni parece que aquello pueda solucionarse. Se ha construido un país sobre la impunidad y por eso es una sociedad fallida». Entre las «muchísimas amenazas» que subsisten cita como una de las principales «las que vienen de parte de las fuerzas armadas, porque son los principales implicados y todavía tienen mucho poder». Pone como ejemplo el hecho de que el pasado enero, cuando el juez Velasco pidió la extradición de Montano, «el vicepresidente de mi país da una conferencia de prensa en la que dice que no van a extraditar a nadie y que lo mejor es olvidarse. Se niega a ello, a que Interpol los capture y los lleve a juicio».

Respecto a cómo es posible que tengan semejante respaldo Galán tiene una respuesta contundente: «Tenen el apoyo político y el apoyo militar, porque son militares. Son gente todavía en el poder, en el Gobierno. Gente poderosa que está en libertad y goza del beneficio económico que les trajo la guerra y están muy bien. Es una injusticia terrible».

Impunidad es la palabra que más repite, porque es la clave de lo sucedido y de su relato. «La impunidad explica tiene los mismos procedimientos que la mafia. Primero se comete el crimen, después se desprestigia a las víctimas, se las calumnia. Los jesuitas han sido tratados como trataron antes a monseñor Romero, o a Rotilio Grande, dijeron que eran subversivos, que eran guerrilleros... Y lo tercero, se silencia el crimen para que caiga en el olvido. Eso es lo que quieren y lo que está sucediendo, que este tema no se ponga sobre ninguna mesa y no se discuta sobre él».

Existe, concluye este poeta, un poder en la sombra del que forman parte y que los ampara. No en vano varios de los responsables, ya retirados, se dedicaron a la política y algunos llegaron a ser diputados. Solo uno ha muerto (en 2011, de un cáncer), el que Galán (y la Audiencia Nacional) considera principal instigador. Se trata del general René Emilio Ponce, jefe del Alto Estado Mayor en aquel momento y ministro de Defensa un año después.