Juan Antonio Cano: «Santiago Alba impulsó el castellanismo frente a los ataques de Cataluña»

–¿Qué aspecto le atrae de su figura?

–Fue muy importante en la historia de España y el político más relevante de Castilla en el primer tercio del siglo XX. En Valladolid es quien domina las instituciones locales, y además realiza el primer intento de crear un movimiento regionalista castellano. Dirige una de las facciones del Partido Liberal a nivel nacional y encarna una verdadera alternativa democratizadora del sistema político. Fue además gerente y copropietario de El Norte de Castilla y jugó un papel esencial como modernizador económico de la vida de la ciudad. Alba fue capaz de ofrecer algo nuevo en todos los ámbitos: política, economía, prensa.

–¿En qué se sustentaba su ideario castellanista?

–En un principio lo articula como contestación al catalanismo, que alcanzó una gran fuerza política. Alba responde a esas tentativas nacionalistas planteando una defensa de Castilla. Su castellanismo surge como respuesta a los ataques de Cataluña. Castilla defendía el proteccionismo agrícola, y Cataluña y el País Vasco eran partidarios de la apertura para que los productos alimentarios llegaran a sus territorios a precios más baratos de los que podían ofrecer los agricultores castellanos. Pero además existía una sensación de superioridad de Cataluña respecto a Castilla; intelectuales catalanes como Pompeyo Gener defendieron la idea de que en Castilla la altura de la meseta influía negativamente en el desarrollo mental de la gente. El Norte de Castilla fue muy combativo con el nacionalismo catalán por esa consideración de Castilla como entidad inferior.

–¿Qué semejanzas hay con la confrontación nacionalista actual?

–Los partidos nacionales de la época apenas tenían representación en Cataluña y Alba intentó crear una alternativa españolista en Barcelona. Eso le acarreó numerosos problemas, pues siendo ministro de Hacienda presentó un proyecto de beneficios extraordinarios de la I Guerra Mundial, ya que el conflicto relanzó la exportación, sobre todo de productos de empresas de industriales vascos y catalanes, que se opusieron a esta carga fiscal y llevaron a cabo una brutal campaña en contra de Alba. En cambio, los agricultores castellanos también vendían al exterior, pero ellos sí que tenían que pagar impuestos. Al final, el Gobierno renunció a este proyecto.