En lista de espera hasta 57 años para ser Bien de Interés Cultural

Entre el arsenal de 2.294 Bienes de Interés Cultural (BIC) diseminados por la nueve provincias de Castilla y León figuran palacios, castillos, yacimientos arqueológicos, iglesias, puentes, catedrales, jardines y conjuntos históricos así como esculturas y pinturas en la categoría de bienes muebles. El 60% de estos bienes son propiedad de diócesis y comunidades religiosas. La declaración BIC supone una salvaguarda legal de perdurabilidad y también de prioridad para aprobar un proyecto de restauración. Más allá de lo que entraña como revalorización cultural y social la inclusión en dicho rango, la declaración implica un tratamiento especial y en ocasiones el desencadenante de una serie de medidas y ayudas para protegerlo.

En la lista de espera para acceder a este selecto grupo del patrimonio figuran 72 monumentos, conjuntos históricos y zonas arqueológicas de Castilla y León que acumulan decenas de años de retraso. «Algunos de los casos son muy antiguos, de antes de que se constituyera la Junta de Castilla y León e incluso anteriores a la aprobación de la Constitución; simplemente hay incoaciones que no han avanzado o se transmitieron a la administración regional sin documentación», apunta Gumersindo Bueno, director de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Ciudadanos. En su departamento han elaborado un cronograma de seguimiento para cada uno de estos casos con la intención de resolverlos esta legislatura.

Segovia encabeza la lista de expedientes incoados hace varias décas con trece dosieres en espera, seguida de Burgos y Zamora con once cada provincia, de Valladolid con nueve, Ávila y León con ocho, Soria con siete, Salamanca con cuatro y Palencia con uno.

La lista incluye palacios como el de los Serrano en Ávila, teatros (Juan Bravo en Segovia), puentes (Simancas), una cueva (Los Enebralejos en la localidad segoviana de Prádena), monasterios como el de San Pedro de Arlanza en Hortigüela (Burgos), iglesias y ermitas (San Saturio en Soria), yacimientos (Castro del Teso en Zamora), conjuntos históricos como el de Canduela en Palencia; Briviesca y Sasamón en Burgos e incluso un hotel, el Oliden de León, ahora nombrasdo Alfonso V.

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito recuerda que lleva desde 2007 presentando iniciativas en las Cortes instando a la Junta a resolver los expedientes atrasados. «No ha habido voluntad política para sacar adelante la tramitación, y eso es preocupante no solo por los efectos sino por la imagen que se transmite de administración perezosa, incapaz de dar curso a sus propios expedientes».

Desde la Dirección de Patrimonio se anuncia que el primer paso que se dará con las incoaciones más rezagadas pasa por construir administrativamente el expediente y, en ciertos casos, el esfuerzo se centrará en resolver el proceso de audiencia pública, gestión de especial complejidad cuando afecta a varios titulares y administraciones. «Vamos a ir adecuando todos esos trámites para que no haya conflictos y eso se va a hacer a lo largo de esta legislatura; el compromiso es que todos queden aprobados teniendo en cuenta que en estos años vamos a tener nuevas peticiones de incoación», alega Bueno.

Con todo, advierte de que la declaración BIC establece obligaciones de conservación del monumento para el titular. «En muchas ocasiones se interpreta que esta catalogación supone que se van a recibir automáticamente ayudas y subvenciones y eso no siempre es cierto; se tendrá derecho a ello siempre que se hagan las inversiones necesarias. La Junta no puede sustituir la responsabilidad de los titulares en la gestión de esos bienes, eso está recogido en las leyes y hay que aclararlo porque a veces se interpretan mal las obligaciones de cada uno».

Pese a que muchos de esos bienes llevan años en el limbo, desde la Junta se señala que «están idénticamente protegidos que si tuvieran la consideración de BIC, porque así se garantiza desde la incoación del expediente». Y es que la protección únicamente se pierde en el caso de que la resolución final resulte desfavorable o se excedan los plazos de tramitación, aunque la Junta considera que el riesgo de caducidad únicamente afecta a los casos abiertos después de 1985, ya que la ley vigente hasta entonces no preveía una limitación temporal. A mediados de los años ochenta y a medida que avanzaba la descentralización, el Estado transfirió unos doscientos expedientes con la documentación incompleta y sin concluir su resolución –en algunos casos un simple enunciado en el Boletín Oficial del Estado– y buena parte de ellos integran de la lista con demora.

«No tener aprobada la declaración de BIC nos impidió el año pasado acceder a una subvención de la Diputación de Ávila, dirigida exclusivamente municipios con tal catalogación como conjunto histórico», explica la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Ana Isabel Zurdo. «Arrastramos la incoación del expediente desde 1963 así que esperamos que por fin se nos reconozca». En su comparecencia al inicio de la legislatura, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, anunció que se ampliaría el número de bienes protegidos en ámbitos menos representados como el del patrimonio industrial.